gimenez c maezo

8/16/2019 Gimenez c Maezo

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GIMENEZ, DARIO FERNANDO Y OTRO C/ MAEZO,

MARIA SOLEDAD Y OTROS.- ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.-

ACCIDENTES DE TRANSITO.- EXPTE. N° 1044719/36

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Proceden los recursos de

apelación de la parte actora y de la demandada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento

corresponde adoptar?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR

VOCAL DR. JULIO C. SÁNCHEZ TORRES DIJO:

I) En contra de la Sentencia relacionada, cuya parte

resolutiva ha sido transcripta ut supra, la parte actora (fs. 797)

y la codemandada Cooperativa Obrera de Transporte Automotor

de La Calera Ltda. (fs. 799) interpusieron recursos de apelación,

los que fueron concedidos a fs. 801 y 804, respectivamente.

Radicados los autos en ésta sede e impreso el trámite de

ley (fs. 831), la parte actora expresó agravios a fs. 842/848 vta.

Corrido el traslado del art. 372 del CPCC, a fs. 853/855 vta. lo

contestó la codemandada Cooperativa Obrera de Transporte Automotor de La Calera Ltda., prestando conformidad al primer

agravio de la actora y solicitando el rechazo del segundo. A su

turno, la citada en garantía QBE Seguros La Buenos Aires S.A.

contestó los agravios a fs. 867/873 vta., solicitando la

deserción del recurso y, subsidiariamente, su rechazo. A fs.

861, se dio por decaído el derecho dejado de usar a la

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demandada Sra. María Soledad Maezo al no haber evacuado el

traslado corrido de la expresión de agravios.

Impreso el trámite de ley al recurso de la codemandada

Cooperativa Obrera de Transporte Automotor de La Calera Ltda.

(fs. 874), ésta expresó agravios a fs. 899 y vta.; los que fueron

contestados por la citada en garantía QBE Seguros La Buenos

Aires S.A. (fs. 901/902 vta.) y la parte actora (fs. 910), quienes

solicitan el rechazo del recurso. La actora solicita aplicación de

la multa procesal del art. 83 del CPCC, en contra de la

recurrente.

Dictado y firme el decreto de autos, quedó la presente

causa en estado de ser resuelta.

II)Ingresando a la cuestión sometida a decisión de este

Tribunal de Grado, cabe ponderar:

1.- Plataforma fáctica del recurso.El A quo resolvió

rechazar la demanda incoada por los Sres. Darío Fernando

Giménez y Micaela Luciana Bertorello en contra de la Sra. María

Soledad Maezo, y su extensión a “HSBC La Buenos Aires

Seguros” (hoy QBE Seguros La Buenos Aires SA), por la que

perseguía la pago de la suma de Pesos ciento ochenta y tres mil

quinientos sesenta y cuatro con 95/100 ($ 183,564,95) e

intereses, con motivo del accidente de tránsito ocurrido el 15 de

noviembre de 2005; con costas por el orden causado;

condenando únicamente a las codemandadas Cooperativa

Obrera de Transporte Automotor La Calera Ltda. y Sr. Rubén

Eduardo Abregu, por la suma de Pesos siete mil doscientos

noventa y tres con 60/100 ($ 7.293,60); con costas en un

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ochenta por ciento (80%) a cargo de la actora (4% a cargo del

Sr. Giménez y un 76% a cargo del Sr. Bertorello), y en un veinte

por ciento (20%) a cargo de la demandada Cooperativa Obrera

de Transporte Automotor La Calera Ltda.; con extensión de la

condena a “La Económica Comercial SA” en los límites del

seguro.

Para decidir en tal sentido, el Tribunal consideró

acreditada a favor de la demandada Sra. Maezo la eximente de

responsabilidad prevista por el art. 1113 del CC, en tanto

mientras se encontraba detenida, esperando la habilitación del

semáforo, fue impulsada de atrás por el colectivo provocando la

embestida al rodado del actor. Así, concluyó que la causa

eficiente del siniestro fue consecuencia de la embestida e

imprevisible maniobra realizada por el conductor del vehículo

mayor embistente, el Sr. Abregu; siendo también responsable la

Cooperativa Obrera de Transporte Automotor La Calera Ltda. en

su carácter de propietario de éste último rodado.

Los recurrentes se alzan en contra dicho

pronunciamiento, cuyos disensos admiten el siguiente

compendio:

a)La parte actora se agravia por la errónea calificación

legal. Señala que la culpa del tercero no ha sido la exclusiva

causa del daño, sino que ha concurrido con la culpa real o

presumida de la demandada. Esgrime que de la posición 4° de

la absolución de posiciones de fs. 243/244 se desprende que el

colectivo embistente no fue el único causante del accidente

acreditado en autos, sino que la culpa de la codemandada Sra.Maezo, tras su inobservancia a la distancia mínima que deben

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guardar los vehículos conforme la normativa de tránsito,

excluye la posibilidad de exonerarla de responsabilidad. Solicita

que se condene a esta última y su compañía aseguradora por

los rubros demandados, subsidiariamente, se solita eximición

de condena en costas por el mismo.

Como segundo agravio, embate la resolución impugnada

por defecto en la valoración de la prueba y por violación al

principio de no contradicción. Sostiene que se acreditaron las

lesiones incapacitantes sufridas por la actora y la relación de

causalidad con el accidente sufrido en autos. Se queja por el

apartamiento del Dictamen pericial médica. Postula que, si bien

la pericia no es vinculante para el juez, se requiere de

fundamentos objetivos demostrativos de que el dictamen se

halla reñido con las reglas de la sana crítica racional, a fin de

apartarse de él. Enfatiza que la resolución es contradictoria en

cuanto tiene por acreditado que, como consecuencia del

accidente, la actora sufrió un traumatismo al considerar el

daño moral, cuando anteriormente lo había negado al tratar la

incapacidad sobreviniente.

b) A su turno, la codemandada Cooperativa Obrera de

Transporte Automotor La Calera Ltda. se queja por la atribución

exclusiva de la responsabilidad en su contra. Señala que su

responsabilidad es concurrente con la Sra. Maezo, debido a que

esta última transgredió el art. 49 de la Ley Provincial de

Tránsito relativa a la distancia mínima y velocidad exigible.

Aduce violación al principio de razón suficiente al haberse

omitido considerar de la posición 4° absuelta por la

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codemandada, Sra. Maezo, la que –señala- constituye un

elemento fundamental para la causa.

Como segundo agravio, arguye que ha sido condenada en

los autos caratulados “Maezo, María Soledad c/ Empresa

Cooperativa Obrera de Transporte Automotor La Calera Ltda. y

otro.- Ds. y ps.- Accidentes de tránsito.- Expte. n°

1023770/36”, ha sido condenada en costas hasta el importe del

momento de la franquicia, cuya sentencia se encuentra firme y

deviene del mismo hecho, razón por la cual -de condenársela

nuevamente en estos obrados-, se vulneraría dicho tope

indemnizatorio.

2.- Deserción del recurso de la actora.Un discurrir

argumental lógico y legal (arts. 155 de la CPcial. y 326 del

CPCC) indica que, primeramente, se deberá tratar el pedido de

deserción del recurso de la actora, formulado por la citada en

garantía.

En ese orden de ideas, se erige como premisa mayor de

éste silogismo práctico prudencial que el tribunal de segunda

instancia es revisor de lo decidido en la instancia anterior, y no

renovador de lo actuado y resuelto.

De tal guisa, recae sobre el recurrente la carga procesal

de excitar la jurisdicción de la Alzada, mediante una crític

concreta y razonada de la resolución objeto de impugnación,

efectuada en su expresión de agravios. (cfr. ALSINA, Hugo,

Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, t.

IV, ed. Ediar., Bs. As. p. 206 y sgts.; HITTERS, Juan Carlos,

Técnica de los recursos ordinarios, p. 253 y sgts; LOUTAYFRANEA, Roberto G.,El recurso ordinario de apelación en el

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proceso civil, t. I, p. 61 y sgts; PALACIO, Lino E - ALVARADO

VELLOSO, Adolfo,Código procesal civil y comercial de la Nación:

explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, T. 6, p.

63/64).

De allí que, constituye un principio directriz en materia

recursiva la máxima que establece que, para ser técnico o

formalmente idóneo, el sustento de la apelación debe trasuntar

un ataque pertinente, razonado y suficiente del fundamento

fáctico y jurídico del pronunciamiento recurrido.Pertinente, por

cuanto debe apuntar a las consideraciones o razonamiento que

constituyen el verdadero sostén del fallo.Razonado, es decir,

explicitado mediante una argumentación crítica y fundada de

los motivos por los que se estima que el decisorio resulta

injusto o contrario a derecho. Y suficiente o trascendente, por

cuanto debe involucrar la totalidad del respaldo jurídico-legal

soporte de lo decidido, de modo que no subsista ninguna razón

o motivo que pueda, de manera individual o independiente,

sostener válidamente la resolución atacada.

De la subsunción del caso traído a resolver al marco

normativo descripto se colige que, la actora apelante efectuó

una correcta expresión de agravios, al confutar categórica y

razonadamente los fundamentos sobre los cuales el A quo

cimentó su resolución.

En efecto, basta una simple lectura del escrito de fs.

842/848 vta. para advertir que la parte recurrente intenta

conmover los argumentos vertidos por elIudex,censurando ,

por un lado, los argumentos del Juez los que eximió de

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responsabilidad a la codemandada Sra. Maezo y, por el otro, se

aparta del Dictamen pericial médico.

En ese lineamiento, la apelante embate la calificación

legal considerada por el Juez, criticando categóricamente la

atribución de responsabilidad exclusiva en contra de la

codemandada Cooperativa Obrera de Transporte Automotor La

Calera Ltda., esgrimiendo que el actuar de esta última no ha

sido la exclusiva causa del daño, sino que ha concurrido con la

culpa de la demandada, Sra. Maezo. A tal fin, embate la

valoración efectuada respecto de la absolución de posiciones de

la Sra. Maezo (videfs. 842 vta./843 vta.)

Asimismo, cuestiona la valoración de la prueba pericial,

confutando el apartamiento que el A quorealizó respecto del

dictamen pericial a través de una diatriba concreta, que excede

la mera disconformidad con los fundamentos argüidos por el

sentenciante.

En eseiterargumental, a todas luces, se vislumbra en el

discurso de la recurrente una crítica pertinente, razonada, y

suficiente respecto de los argumentos sobre los cuales elIudex

fundó el rechazo de la demanda en contra de la demandada Sra.

Maezo, sin perjuicio de su procedencia lo que será objeto de

consideración en los acápites siguientes.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el pedido de

deserción del recurso formulado por la citada en garantía.

3.- Litis recursiva.Descartada la deserción del recurso,

incumbe examinar su procedencia.

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Los recursos impetrados serán tratados conjuntamente, a

mérito de la identidad e interrelación de los argumentos que

sustentan los agravios.

En esta línea, de conformidad a como ha quedado trabada

la litis recursiva, elthema decidendum lo constituye dirimir: 1)

si ha existido culpa concurrente de los demandados en la

producción de los daños que se reclama; 2) si resulta

contradictorio el rechazo de la incapacidad sobreviniente

habiéndose concedido el daño moral con base a los

traumatismos sufridos por la actora; 3) y, finalmente, si la

condena de la Cooperativa Obrera de Transporte Automotor La

Calera Ltda. en los autos “Maezo, María Soledad c/ Empresa


otro.- Ordinario.- Ds. y ps.- accidente de tránsito.- Expte. n°

1023770/36”, obsta la resolución bajo anatema.

4.- Marco normativo pertinente a la cuestión a decidir.

A fin de elucidar la cuestiones sometidas a decisión de este

Tribunal, cabe precisar que los daños padecidos como

consecuencia de un accidente de tránsitos recaen en el ámbito

de la responsabilidad extracontractual del art. 1113, segundo

párrafo, segundo supuesto del CC, toda vez que implican la

utilización de rodados y, por ello, el aprovechamiento de cosas

riesgosas.

En virtud de responsabilidad objetiva derivada el art.

1113 del C.C., la doctrina más moderna y los más recientes

pronunciamientos de nuestra jurisprudencia proclaman que los

riesgos o presunciones no se neutralizan. La idea de una

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neutralización o compensación de presunciones carece de

sustento normativo en nuestro sistema. Constituye, si se quiere,

un argumento endeble en procura de limitar injustificadamente

los alcances de la doctrina del riesgo creado, a la que procura

reducir a su mínima expresión. Ello no se compadece con la

amplitud de los términos del art. 1113 del CC (En este sentido:

KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “Responsabilidad en las

colisiones entre dos o más vehículos en Temas de

responsabilidad civil” (en honor al Dr. Augusto M.Morello), p.

224; MOSSET ITURRASPE, Eximentes verdaderas y falsas en

los accidentes de automotores, en Estudios sobre

responsabilidad por daños, t. IV, p.92; ZAVALA DE GONZÁLEZ,

Responsabilidad por riesgo, 2ª ed., Cap III, p.77 y ss; ALTERINI,

A., “Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión

plural de automotores”,LL, 1988-D- 295; ALTERINI - AMEAL -

LÓPEZ CABANA,Derecho de obligaciones, n. 1728-4, p. 707 y

ss; BUSTAMANTE ALSINA,Teoría general de la responsabilidad

civil, n. 700 bis, p. 305; MOSSET ITURRASPE,Responsabilidad

por daños, t. III (El acto ilícito), p. 139/140; FERREIRA RUBIO,

“Responsabilidad derivada de la colisión de automóviles

(¿Concurrencia de presunciones o dos relaciones jurídicas de

responsabilidad?)”,LL, 1992-A- 138; TRIGO REPRESAS - LÓPEZ

MESA,Tratado de la responsabilidad civil, t. III, p. 847 y ss;

LLAMBÍAS,Obligaciones, t. IV-B, n. 2888, b), p. 217 y ss;

GALDÓS,Derecho de daños en la Suprema Corte de Justicia de

la Provincia de Buenos Aires,p. 265 y ss; CONDE - SUÁREZ,

Tratado sobre responsabilidad por accidentes de tránsito, t. I,

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n.14, p. 154 y ss; PIZARRO, “Accidentes de tránsito: colisión

entre dos o más automotores. El riesgo recíproco”,LL, 1983-D-

1011; CS, 22/12/87, “Empresa Nacional de Telecomunicaciones

c. Provincia de Buenos Aires y otro”,LL, 1998-D-296 (con nota

aprobatoria de A. Alterini, Presunciones concurrentes de

causalidad en la colisión plural de automotores) y en ED, 128-

281; ídem, 26/3/91, “Radziwill Carlos c. Racco, Nicolás y

otros”, LL, 1991-D-476; ídem, 10/12/92, Dorallo Romero c.

Provincia de Buenos Aires, Fallos, 313: 1636; ídem, “Moreno”,

9/3/2004, LL, 2004-D- 376. En sentido coincidente: SCBs.As.,

8/4/86, “Sacaba de Larosa c. Vilches”,LL, 1986-D, 479 (con

nota aprobatoria de Trigo Represas, Aceptación jurisprudencial

de la tesis del “riesgo recíproco” en la colisión de automotores);

ídem, 9/8/88, “Gamero, Beatriz M. c. Demarchi, Mario A. y

otro,LL, 1989-C-630; SC Mendoza, 19/6/84, “Caja Nacional de

Ahorro y Seguros c. Bauco, Gloria” (L.S. 183 - 121) (inédito);

ídem, 2/9/88, Filiti, Santos c. Mercado, Pablo, LL, 1989-B-

333; ídem, 27/12/91, “Martínez c. Verdadguer”, JA, 1993-I-

133; SCSanta Fe, 5.6.90, Manzano, Manuel, JA-1990-IV- 363,

con nota de Pizarro, Ramón Daniel, Consolidación de una

acertada jurisprudencia; TSJ, Córdoba, 30.11.93, Semanario

Jurídico, n. 97 del 3.3.94; TSJ, Córdoba, 30/11/93, “Espíndola

c. Loriz”, Foro de Córdoba, 1994, n. 19, p. 133; ídem, 11/5/94,

“Squiaparelli c/ Márquez”, Foro de Córdoba, n.21, p. 138 (con

voto del Dr. Luis Moisset de Espanés); TSJ, Entre Ríos,

16/2/95, “R., F.R.”, Jurisprudencia de Entre Ríos, 1995, n. 67,

segunda época, Delta, p. 745; CNciv, sala D, 18/3/92, JA,1992-III-242; ídem, CNCiv, sala F, 2/8/91, LL, 1991-E- 337

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(con nota aprobatoria de Bustamante Alsina, Los riesgos

recíprocos en la producción del daño”; CNCiv, en pleno,

14/11/94, “Valdez c. El Puente S.A.”, ED, 161- 402 y LL, 1995-

A, 136, donde se resolvió que la colisión plural de automotores

en movimiento “no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109

del Cód. Civil”; Cam.Fed.Córdoba, sala B, 7/9/88, LLC, 1989-

136; C1a Apel.civ.Com.Córdoba, 18/12/03, Actualidad Jurídica

de Córdoba, n.51, 19/4/04, p. 3121 (citados por PIZARRO, R.,

Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, Tomo II,

La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 278/79).

De allí que, el dueño o guardián de cada uno de los

vehículos intervinientes en la colisión debe responder por los

daños causados al otro, salvo que acredite una eximente idónea

a fin de desvirtuar la presunción de causalidad en su contra.

Los riesgos o presunciones no se neutralizan.

En eseiterargumental, el artículo 1113 del CC, sienta

una presunción de culpabilidad que invierte elonus probandien

los supuestos de responsabilidad del dueño o guardián de la

cosa riesgosa. Ello pues, la ley presume -de manera

concurrente- la culpa, y responsabiliza al dueño o guardián de

un automotor (cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde,

Responsabilidad por Riesgo. El nuevo art. 1113, ed. Hammurabi,

1987, Cap. I, p. 29, cfr. T.S.J. de Cba, Sala CC, in re

“Espindola, Elvio H. y Otro c/ Loriz, A. Roasenda- Ordinario-

Rec. de Casación”, Sent. n° 28).

En su mérito, la víctima del daño no se ve obligada a

acreditar la culpabilidad de quien causa el perjuicio, le bastacon probar la relación causal entre la acción de la cosa y el

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daño. En otras palabras, pesa sobre la víctima la carga

probatoria de la existencia del daño, de la intervención de la

cosa riesgosa, y de la relación causal entre tales extremos.

Antitéticamente, es sobre el demandado que pesa la carga

procesal de acreditar la configuración de la eximente de

responsabilidad capaz de fracturar el nexo causal que sustenta

la atribución de responsabilidad con base a un factor

puramente objetivo, es decir, el deber de responder por los

daños causados a otro atento conducir una cosa riesgosa. Si

dicho extremo no logra ser debida y acabadamente acreditado

por el accionado, la demanda prospera. Así, le compete al

demandado probar la intervención de una causa extraña en la

producción del daño, estas son:la culpa de la víctima o de un

tercero por quien no debe responder, a los fines de la exención

de su responsabilidad (cfr. C8CC de Cba., 28/8/93, Semanario

Jurídico, 959, 18/11/93; cfr. ZAVALA de GONZÁLEZ, Matilde,

Doctrina Judicial –Solución de Casos 1, ed. Alveroni, Córdoba,

1998, p. 162/3).

Por tanto, acreditado que un vehículo tuvo intervención

en la producción de determinados perjuicios, -es decir, estado

de manifiesto un nexo de causalidad aparente que justifique

una imputación provisoria de responsabilidad-, es su

propietario o guardián el que debe poner de relieve que aquel

ocurrió por intervenir una causa ajena. La inversión de la carga

de la prueba sobre la causalidad, y la consecuente necesidad

del demandado de acreditar la eximente de la causa ajena, se

aplica incluso a la hipótesis del choque entre dos vehículos enmovimiento.

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En idéntica exégesis la Corte Suprema de Justicia de la

Nación sostiene: “…(conforme con)el art. 1113, 2° párrafo, del

Código Civil, (…) basta con que el afectado demuestre el daño

causado y el contacto con el automotor, quedando a cargo del

demandado, como dueño o guardián de ella, acreditar la culpa de

la víctima o de un tercero por quien no deba responder.”(Fallos:

315:854). A igual temperamento adscribe doctrina autorizada y

la jurisprudencia local (cfr. TRIGO REPRESAS, Félix A. -

COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H.,Responsabilidad civil por

accidentes de automotores, t. II, ed. Hammurabi, Buenos Aires,

1992, p. 353/354; cfr. CNCiv., Sala H, 2000/03/07, “De

Agostino, Nélida I. y otros c. Transportes 9 de Julio",La Ley,

2000-D, 882 (42.912-S) -DJ, 2001-2-72; C3CC de Cba.,in re

“Soto, Víctor Hugo c/ Horacio Ramón Koning s/ Ordinario”,

Sent. n° 93, del 30/10/97, publicado en “Revista de Derecho de

Daños 2 – Accidentes de Tránsito II”, ed. Rubinzal-Culzoni,

Santa Fe, 1998, p. 288).

Ahora bien, habida cuenta la circunscripción en donde

tuvo lugar el accidente de tránsito de autos, esta es, la ciudad

de Córdoba, la norma aplicable es la Ordenanza n° 9981.

En dicho marco normativo, se erige como principio

cardinal vial, que el conductor debe transitar en todo momento

respetando los límites de velocidad, con un completo dominio de

su rodado y de tal modo que se preserve su seguridad y de

quienes se encuentran transitando en la vía (cfr. arts. 46 y 81

de la Ordenanza Municipal 9981).

A tal fin, se establece como orden de prioridad normativa,que los vehículos destinados a circular en la vía pública deben

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respetar las indicaciones de la Autoridad de Aplicación, las

señales de tránsito y las normas vigentes, en ese orden de

prioridad (art. 40 del CPCC).

5.- La solución del recurso traído a resolver.

Determinado el marco normativo aplicable a las cuestiones

traídas a resolver, corresponde juzgar sus procedencias.

a.- Sobre la atribución de la responsabilidad en forma

exclusiva en contra de la codemandada Cooperativa Obrera de

Transporte Automotor La Calera Ltda. La actora y la

codemandada Cooperativa Obrera de Transporte Automotor La

Calera Ltda., se quejan por la atribución exclusiva de la

responsabilidad a cargo de esta última, esgrimiendo que en el

hecho concurrió la culpa de la demandada Sra. Maezo, al no

haber respetado la distancia mínima con el vehículo precedente.

La recurrida contestó que no existe distancia mínima

exigible si los rodados se encuentran detenidos.

En orden a dilucidar la cuestión, incumbe señalar que,

ha quedado sentado que tanto el vehículo del actor como el de

la demandada Sra. Maezo se encontraban detenidos conforme lo

indicaba el semáforo, toda vez que tal hecho surge acreditado

del Sumario Penal (fs. 355) y ha quedado firme al no haber sido

impugnado.

Dicha circunstancia minimiza la injerencia de la

distancia que esta última mantenía respecto del accionante.

En efecto, el hecho generador del daño que se reclama en

autos no ha sido otro que la colisión del colectivo de la empresa

Cooperativa Obrera de Transporte Automotor La Calera Ltda. en

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contra de la codemandada Sra. Maezo, en virtud de constituir la

causal idónea en la producción del evento dañoso.

Ciertamente, a partir de un método de exclusión mental

hipotético, si se elimina el accionar de la demandada

Cooperativa Obrera de Transporte Automotor La Calera Ltda. de

la escena del siniestro, esto es, su embestida en contra del

automóvil de la Sra. Maezo, se colige -sin hesitación- que, al

estar detenidos, la distancia que esta última mantenía respecto

de la actora no hubiese generado ni tenido injerencia causal en

la producción del siniestro.

Más aun cuando habiendo sido condenada la propietaria

y el conductor del colectivo, éstos no impugnaron su

responsabilidad, la cual se cimentó en la embestida de su

rodado mayor en contra del vehículo de la codemandada Sra.

Maezo.

Máxime, cabe señalar que,a la luz de las circunstancias

de autos, en elsubexamen no puede inferirse que la distancia

que mediaba entre el vehículo conducido por la codemandada

Sra. Maezo y el rodado del actor haya tenido incidencia causal

en el siniestro bajo examen.

En este derrotero, cabe precisar que la Ordenanza de

tránsito no contiene disposición expresa en cuanto a la

distancia mínima que deben respetar los vehículos detenidos en

virtud de la luz roja del semáforo respecto de su precedente.

En su lugar, únicamente, regula la distancia mínima que

debe mediar entre rodados en conducción. En tal sentido,

dispone que se encuentra prohibido:“…d) Conducir el vehículo auna distancia del que le precede, menor a la racionalmente

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aconsejable, según las condiciones climatológicas de la vía por la

que se transita, la velocidad de circulación y el tipo de vehículo

que se conduce…”(art. 74 de la Ordenanza n° 9981).

Ahora bien, pese a que el ordenamiento vehicular no

dispone una norma expresa que establezca la distancia mínima

que deben mantener los vehículos detenidos conforme lo indica

el semáforo, una exégesis sistemática de la norma permite

colegir que aquella se encuentra dada por la que a la luz de las

circunstancias del caso resulte razonable. Tal solución no es

sino una aplicación más del principio de razonabilidad que debe

imperar en toda hermenéutica forense, en virtud del art. 28 de

la CN.

De tal guisa, ante vehículos que se encuentran detenidos,

la distancia mínima que debe mediar entre ellos no puede

determinarse en forma abstracta y general. Antitéticamente,

aquella está determinada por la razonabilidad, la adecuación, es

decir, la distancia que resulte proporcional o no exagerada –en

más ni en menos- a las circunstancias que rodean el hecho. A la

postre, la razonabilidad de la distancia mínima de vehículos

detenidos por el semáforo es aquella que permite la maniobra o

dominio del vehículo a la luz de las circunstancias del caso.

En este punto, cabe destacar que la distancia mínima

entre los rodados que se encuentran detenidos en virtud de la

luz roja del semáforo no es la misma que deben respetar los

vehículos que se encuentran en movimiento.

Ciertamente, dicha distancia es mayor ante la circulación

de los rodados, toda vez que al implicar un desplazamiento, essusceptible de detenerse en cualquier momento e, inclusive, de

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imprevisto. Ello, exige una mayor separación entre los

vehículos, a fin de garantizar las posibilidades de frenado ante

una detención inminente del rodado precedente.

Tal particularidad no se vislumbra cuando los vehículos

se encuentren detenidos, razón por la cual la distancia mínima

podrá ser inferior a la que debe mediar entre rodados en

movimiento.

A la postre, en el caso de autos, estando detenidos los

rodados no puede deducirse que la distancia que mediara entre

el vehículo del actor y el conducido por la codemandada Sra.

Maezo haya tenido incidencia causal alguna en la producción

del accidente.

Por su parte, no merece recibo el agravio relativo a la

confesión ficta valorada por el Juez a quo respecto de la

posición 4 que debió absolver la Sra. Maezo (fs. 243/244).

Ello, pues la inasistencia a la audiencia confesional (art.

222 del CPCC), no conlleva de por sí a la confesión fìcta, sino

que importa un indicio, el que como tal a fin de configurar una

determinada presunción debe unirse a una serie de indicios que

permitan colegirla.

La norma del art. 222 del Código ritual establece si se

dejare de comparecer a la audiencia fijada a fin de absolver

posiciones“…podrá ser tenido por confeso en la sentencia…”; así

la técnica legislativa ha optado por emplear el verbo “podrá”,

cuya conjugación condicional implica contingencia,

eventualidad, lo que en el ámbito del proceso se perfila como un

indicio que sólo potencialmente podrá llevar a una presunción.

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18/28

No óbice,aun ante la ausencia de mayores indicios en

apoyatura a la supuesta confesión ficta-, a mérito de las

consideraciones precedentes la distancia mínima en el caso de

marras no posee injerencia a fin de atribuirle responsabilidad a

la codemandada.

Por lo expuesto, corresponde rechazar los primeros

agravios de la actora y de la codemandada Cooperativa Obrera

de Transporte Automotor La Calera Ltda.

b.- Apartamiento de la prueba pericial médica.Censura

la actora recurrente la valoración que elIudex realizó del

Dictamen médico, señalando que no existen elementos objetivos

que lo faculten a apartarse de aquel.

En esta línea, incumbe establecer si resulta factible

apartarse del dictamen presentado por el Perito Oficial y, en su

caso, si corresponde hacerlo en el caso traído a juzgamiento.

En ese orden de ideas, cabe señalar que el ordenamiento

de rito prescribe que el dictamen pericial no resulta vinculante

para el juez, salvo que se haya dado al especialista el carácter

de árbitro, conforme dispone la manda del art. 283 del CPCC.

En consonancia a ello, el sistema de valoración de la

prueba pericial la constituye la sana crítica racional, debiendo

el juez examinar el dictamen del especialista a luz de los

principios de la lógica, de la experiencia, y de la psicología.

Luego, a fin de ponderar la prueba pericial frente a otras

que arrimen elementos probatorios opuestos a aquélla, el

dictamen debe brindar al juez la convicción menester a fin

decidir con cierto grado de certeza sobre un determinado hecho.

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En tal contexto, la fundamentación en el discurrir

argumental del perito resulta dirimente, pues es a partir de

aquélla que eliudicantealcanza a ilustrarse sobre el elemento

de prueba.Corolario de ello es que el informe pericial no debe

ceñirse a afirmaciones ni conclusiones dogmáticas, sino que la

opinión técnica del perito debe desarrollarse y fundarse

suficientemente a fin de posibilitar el control de razonabilidad y

verosimilitud de la opinión idónea. La fuente de convencimiento

del dictamen pericial no reside en la solución que el técnico

propicia sino en la entidad de los motivos que la respaldan, es

decir, en la capacidad que éstos evidencian como medios de

comprobación de la conclusión (cfr. CCDV, 6/7/94,Sem. Jur.

73-82; CCMJ, 8/3/94,LLC,995-542, citados en MARTÍNEZ

CRESPO, Mario- MAINA, Nicolás, Código Procesal Civil y

Comercial de la Provincia de Córdoba,ed. Advocatus, Córdoba,

2012, p. 399).

En el caso traído a resolver, el agravio relativo a la

valoración de la prueba pericial no merece recibo.

Ciertamente, de un riguroso examen del Dictamen médico

(fs. 565/569 vta.) no se advierte que la especialista haya

expresado cómo determina cuales son las lesiones físicas

sufridas por la actora. Simplemente, se confina a establecerla

como “cervicalgia postraumática” (fs. 565 y vta.)

Máxime, al momento de establecer sus conclusiones

periciales, al punto de pericia requerido por la parte actora

consistente en que se determine:“Las lesiones sufridas por la

actora en el accidente relatado en la demanda”(fs. 166 vta.), laSra. Perito expuso etéreamente:“Ver lesiones sufridas en el

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momento del accidente relatado en la Demanda”.De ello se

deduce que la especialista se limita a remitirse, sin fundamento

alguno, a los dichos de la propia interesada (actora) invocados

en su libelo de demanda.

Por su parte, tampoco explicita cómo arriba a la

conclusión que“La referida patología tiene exlusíva relación con

el accidente de tránsito sufrido.” –sic- (punto c de la respuestas

al planteo de la parte demandada, fs. 569 vta.), y que“No hay

constancia de pre-existencias. No tiene relación la patología

reclamada con antecedentes, heredofamiliares, alimentarios,

tóxicos, constitucionales y/o personales, que indiquen que

hubiere padecido otras patologías sufridas.”(punto dibídem ).

En esa inteligencia, no surge del Dictamen pericial que la

facultativa haya demostrado la relación causal entre el siniestro

de marras y las lesiones físicas por ella dictaminadas.

Antitéticamente, la Sra. Perito Oficial Médica Dra. Meyer se

limita a, sin más, afirmar que las dolencias son consecuencias

directas del accidente de tránsito, omitiendo dar fundamentos

convincentes sobre cómo arriba a tal conclusión.

A la postre, resulta acertado el apartamiento del

Dictamen Médico efectuado por el A quo,debiéndose rechazar

-en consecuencia- el agravio en cuestión.

c.- Violación al principio de no contradicción.Se queja la

parte actora, esgrimiendo que ha existido una contradicción en

el discurso argumental del Juez a quo, al valorar la existencia

del daño moral, considerando acreditado el padecimiento de

traumatismo, cuando estos fueron negados al tratar el rubroincapacidad sobreviniente.

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En este andarivel, enfatizo que en virtud del principio

lógico de no contradicción, la cual constituye una de las

causales de la teoría de la arbitrariedad acuñada por la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, una resolución judicial no

puede afirmar y negar, al mismo tiempo y una misma relación,

algo sobre un mismo sujeto u objeto. Para su configuración,

resulta requisitosine qua nonque exista identidad del hecho o

el principio jurídico respecto del cual se predican

simultáneamente la negación y la afirmación. De allí, que sólo

existe violación al principio de no contradicción cuando es una

misma premisa fáctica o jurídica la que está siendo refutada y

aceptada (cfr. FERNÁNDEZ, Raúl,Impugnaciones ordinarias y

extraordinarias en el CPCC de Córdoba, ed. Alverioni, Córdoba,

2006, p. 379; T.S.J., Sala Penal,in re“Rodríguez, Raúl Daniel

Alejandro p.a.a. Robo calificada reiterado”, del 16/9/1998,Foro

de Córdoba,N° 49, p. 292).

Luego, no se perfila en el camino argumental del Jueza

quo contradicción alguna, pues lejos de negar y afirmar la

existencia de traumatismos en la persona de la Sra. Bertorello,

las considera a la luz de los rubros resarcitorios reclamados,

los que resultan disímiles. Una misma lesión, puede no

conllevar a una incapacidad sobrevinientes, empero –sumada a

otras circunstancias- sí generar un daño moral en la víctima.

En esa hermenéutica, basta ponderar que el Juez al

considerar la procedencia del lucro cesante concluyo

expresamente:“Ahora bien, cabe aclarar que la falta de prueba

de la incapacidad que torna improcedente el rubro que la

accionante peticiona como ‘lucro cesante por incapacidad21


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sobreviniente’, no impide que las molestias, dolores y angustias

que de ordinario genera un accidente como el de autos, sean

tenidas en cuenta a la hora de valorar la procedencia del daño

moral.”(fs. 790 y vta.)

De manera diáfana, surge que el juez ha ponderado un

mismo hecho, estos son, los traumatismos, desde distintas

perspectiva, -por un lado- a partir de la aptitud de aquellos

para generar el daño por lucro cesante, y –por el otro- desde su

idoneidad para configurar un daño moral.

En este lineamiento, no es posible afirmar que el A quo

haya primeramente negado la existencia de traumatismos, para

posteriormente afirmarla; sino que, partiendo de su existencia,

las considera en el ámbito de rubros indemnizatorios distintos,

los cuales exigen requisitos disímiles. No se da en el caso, el

requisito de “misma relación” que debe existir en la negación y

afirmación de un mismo hecho a fin de perfilarse la

contradicción.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el agravio en

cuestión.

d.- El límite indemnizatorio en contra de la codemandada

Cooperativa Obrera de Transporte Automotor de La Calera Ltda.

Censura el recurrente la resolución bajo anatema,

aduciendo que mediante la Sentencia dictada por el Juzgado de

Primera Instancia y 34 Nominación en lo Civil y Comercial, en

autos caratulados “Maezo, María Soledad c/ Empresa


otro.- Ordinario.- Ds. y ps.- Accidente de tránsito.- Expte. n°1023770/36”, se la condenó en costas hasta el monto de la

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franquicia, por lo que habiendo quedado ella firme, confirmar la

resolución que en esta instancia se impugna, vulneraría dicho

tope indemnizatorio, resarciendo dos veces un mismo hecho y

con idénticas partes.

En virtud del principio,iura novit curia,corresponde

señalar que el recurrente pretende hacer valer lo dispuesto por

el art. 141 de la Ley adjetiva, en cuanto dispone que la cosa

juzgada puede ser alegada por las partes, o declarada de oficio,

en cualquier estado y grado del juicio.

De la inteligencia de la norma, se vislumbra que la

autoridad de cosa juzgada tiene una doble función en cuanto a

sus efectos, por las cuales pueden ser invocada en un proceso

posterior al dictado de la resolución que ha adquirido dicho

estado (función negativa) –como es en el caso-, o constreñir al

juez a reconocer la existencia del fallo (función positiva). (cfr.

T.S.J.,in re“Trevisiol, Agustín c/ Eduardo Trevisiol- Arbitral”).

Huelga decir que la aplicación de la cosa juzgada negativa

(art. 141 del CPCC), se encuentra sujeta a que entre el caso

resuelto y aquel que se intenta replantear concurran tres

elementos comunes, a saber, los sujetos, el objeto, y la causa.

Es decir, los procesos deben tratar sobre una misma cuestión y

respecto de mismas partes. En otras palabras, debe existir

identidad respecto de las pretensiones de sendos procesos.

En esta senda, la argumentación brindada por el

recurrente, a fin de dar fundamento a su agravio, resulta falaz.

Por cierto, ella importa un sofisma de falsa premisa por

antecedente incompleto, pues el recurrente reduce la supuestaidentidad de pretensiones, la cual generarían una doble

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indemnización por un mismo hecho, al evento dañoso y a

algunas de las partes intervinientes en él, omitiendo elementos

dirimentes a fin de arribar a una conclusión lógicamente cierta.

Ciertamente, La Cooperativa Obrera de Transporte Automotor La

Calera Ltda. apelante prescinde considerar los elementos de la

pretensión que no son idénticos entre la sentencia que pretende

hacer valer y elsublite,a saber, el objeto y los sujetos, los que

resultan decisivos y, en consecuencia, vicia la rectitud de su

argumentación forense.

Si bien los daños reclamados en ambos procesos se

refieren al mismo hecho, el accidente de tránsito de fecha 15 de

noviembre de 2005, en aquellos se demandado y, por

consiguiente, posteriormente se condenó por daños distintos.

En los autos “Maezo, María Soledad c/ Empresa Cooperativa

Obrera de Transporte Automotor La Calera Ltda. y otro.-

Ordinario.- Ds. y ps.- Accidente de tránsito.- Expte. n°

1023770/36”, se condenó a la recurrente por los daños que

dicho evento dañoso le generó a la Sra. Maezo; mientras que en

elsubexamen la condena se da en virtud de los daños sufridos y

reclamados por sujetos diferentes, Sres. Giménez y Bertollone.

De tal guisa, si bien sendos procesos se dan por una

mismacausa petendi, esta es, el accidente de tránsito de fecha

15 de noviembre de 2005, el objeto y los sujetos de la

pretensión resultan disímiles.

Consecuentemente, no existe identidad en los elementos

de la pretensión de dichos procesos, y por ello tampoco la cosa

juzgada que pueda ser opuesta respecto de los límites

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25/28

indemnizatorios a favor de la Cooperativa Obrera de Transporte

Automotor La Calera Ltda.

Por lo expuesto, el agravio en cuestión no merece recibo.

No corresponde eximir a la actora de las costas impuestas

en primera instancia, en virtud del rechazo de su acción en

contra de la codemandada Sra. Maezo, toda vez que no se

advierten elementos de mérito que lo habiliten, en los términos

del art. 132 del CPCC. Más aun, cuando ha resultado perdidosa

en dicha contienda.

En su mérito, corresponde rechazar el recurso de

apelación intentado.

III) Multa del art. 83 del CPCC. Al momento de

contestar los agravios expresados por la codemandada, la parte

actora solicitó la aplicación de multa procesal, en los términos

del art. 83 del CPCC (videfs. 910 y vta.)

En orden a establecer su procedencia, incumbe resaltar

que las facultades establecidas por el Código ritual a favor de

las partes, deben ser ejercidas en el marco de los principios de

la ética.

De allí que, la probidad, la buena fe, deben dirigir el

actuar de los litigantes, a fin de evitar que sus actos procesales

redunden en un daño ilegítimo respecto de la contraria.

Caso contrario, importaría un abuso en el proceso, al

pretender el ejercicio de actos procesales en desvío de sus

rectos objetivos de bien común.

No óbice de ello, el juzgador debe ser lo suficientemente

cauto al imponer una multa procesal (art. 83 del CPCC), a finde no afectar el razonable ejercicio del derecho de defensa

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propio de los justiciables (arts. 18 del CN y 8 del CADDHH).

Consecuentemente, toda sanción procesal debe efectuarse con

prudencia de manera que su implementación no derive en un

avance peligroso en un terreno reservado al razonable ejercicio

del derecho de defensa propio de los justiciables (cfr. C6CC de

Cba.,in re “Centineo, Alessi C. y otro C/ Stefanelli, Osvaldo A. –

Abreviado – Consignación de Alquileres – Recurso de apelación-

Expte. n° 736590/36”).

En el caso de marras, no se advierte -con la certeza

menester- la existencia de malicia ni temeridad que permitan

establecer que la codemandada recurrente, a través de la

interposición de la apelación, tuvo un actuar abusivo reñido con

las máximas de la ética, que habiliten la imposición de la

sanción procesal. La interposición, expresión de agravios, y

demás actuaciones realizadas por la apelante se encuentran

dentro del margen del trámite recursivo dispuesto por la Ley de

rito.

Por lo expuesto, corresponde rechazar la aplicación de la

multa del art. 83 del CPCC.

IV) Costas de la alzada. A mérito del principio objetivo

de la derrota (art. 130 del CPCC), habiendo resultado

perdidosa, las costas devengadas en el recurso de apelación

incoado por la actora deben ser impuestas a su cargo.

Por idénticos fundamento, las costas del recurso de

apelación promovido por la codemandada, deben ser impuestas

a la parte recurrente, pues ha resultado vencida (art. 130 del

CPCC).

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27/28

V) Regulación de honorarios.Conforme lo dispuesto por

los arts. 26, 36, 39, 40, y concordantes, de la Ley 9459, los

honorarios profesionales del Dr. Rodrigo Paulí, por su actuación

en el recurso promovido por la actora, se regulan en el cuarenta

por ciento (40%) del punto medio de la escala legal, sin

perjuicio de la regulación mínima establecida en el art. 40 in

fine de la Ley 9459; y los de la Dra. Elisa Julia Ray se

establecen en el treinta y cinco por ciento (35%) del punto

medio de la escala del art. 36 ib., sin perjuicio delminimo

minimorum antes citado. No corresponde regular honorarios al

Dr. Hugo F. Hadad, en virtud del art. 26ibídem.

Asimismo y conforme las normas citadas, los honorarios

profesionales de los Dres. Rodrigo Paulí y Hugo F. Hadad, por

sus actuaciones en el recurso impetrado por la codemandada,

se establecen, para cada uno de ellos, en el cuarenta por ciento

(40%) del punto medio de la escala legal, sin perjuicio de la

regulación mínima establecida en el art. 40 in fine de la Ley

9459. No corresponde regular honorarios a la Dra. Elisa Julia

Ray, en virtud del art. 26ibídem.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR

VOCAL DR. SÁNCHEZ TORRES, DIJO:

Corresponde:

I) Rechazar el recurso de incoado por la parte actora,

confirmándose el fallo apelado en todas sus partes, con costas a

su cargo. A tal fin, los honorarios profesionales del Dr. Rodrigo

Paulí, por su actuación en esta instancia, se regulan en el

cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala legal,

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sin perjuicio de la regulación mínima establecida en el art. 40

in fine de la Ley 9459; y los de la Dra. Elisa Julia Ray se

establecen en el treinta y cinco por ciento (35%) del punto

medio de la escala del art. 36 ib., sin perjuicio delminimo

minimorum antes citado. No corresponde regular honorarios al

Dr. Hugo F. Hadad, en virtud del art. 26ibídem.

II) Rechazar el recurso de promovido por la parte

codemandada Cooperativa Obrera de Transporte Automotor de

La Calera Ltda., confirmándose el fallo apelado en todas sus

partes, con costas a su cargo. A tal fin, los honorarios

profesionales de los Dres. Rodrigo Paulí y Hugo F. Hadad, por

sus actuaciones en esta instancia, se establecen para cada uno

de ellos en el cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la

escala legal, sin perjuicio de la regulación mínima establecida

en el art. 40 in fine de la Ley 9459. No corresponde regular

honorarios a la Dra. Elisa Julia Ray, en virtud del art. 26

ibídem.

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gimenez c maezo

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