juan montero aroca - academiadederecho
TRANSCRIPT
JUAN MONTERO AROCA
Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
JUAN LUIS GÓMEZ COLOMER
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaime I (Castellón)
ALBERTO MONTÓN REDONDO
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense (Madrid)
SILVIA BARONA VILAR
Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia
EL NUEVO PROCESO CIVIL
2
ÍNDICE SISTEMÁTICO
Prólogo
Síntesis de la evolución procesal civil
A) El juicio ordinario
B) El proceso plenario rápido
C) La codificación
D) Los fenómenos de huida
E) Las reformas parciales
Nuevo modelo de proceso civil
A) El triunfo del proceso plenario rápido
B) El papel del juez
C) Confianza en la primera instancia
D) El derecho a los recursos
E) El proceso cautelar
LIBRO I
CONCEPTOS GENERALES DEL PROCESO CIVIL
Título I
Partes
Capítulo 1.º: Concepto y capacidad
Las partes
3
Nociones de parte y de tercero
Capacidad de las partes
Capacidad para ser parte
A) Capacidad de las personas físicas
B) Capacidad de las personas jurídicas
Capacidad procesal
A) La actuación de las personas físicas
a) Edad
b) Incapacidad
c) Prodigalidad
d) Situaciones provisionales
B) La actuación de las personas jurídicas
Supuestos especiales
a) Uniones sin personalidad
b) Sociedades irregulares
c) Patrimonios autónomos
d) Grupos
Tratamiento procesal de la capacidad
a) Justificación
b) ¿Quién puede poner de manifiesto la falta de capacidad y de
acreditamiento de las representaciones voluntaria, legal y necesaria?
c) ¿Cómo puede hacerse?
d) ¿Qué efectos produce su falta?
4
Capítulo 2.º: Legitimación, pluralidad de partes e intervención
Legitimación
Origen del concepto:
A) Derecho subjetivo, acción y legitimación
B) Acción sin derecho subjetivo
C) Clases de legitimación
Legitimación ordinaria
a) Relaciones jurídicas
b) Sucesión en la titularidad de la relación
c) Situaciones jurídicas
Legitimación extraordinaria
a) Interés privado
b) Interés social
c) Interés público
Tratamiento procesal
a) Naturaleza
b) Justificación
c) ¿Quién puede poner de manifiesto su falta?
d) Examen previo
e) Sentencia procesal
Pluralidad de partes:
A) Concepto
B) Litisconsorcio necesario
a) Concepto
5
b) Fundamento
c) El proceso litisconsorcial
C) Litisconsorcio cuasi-necesario
D) Intervención voluntaria
a) Intervención litisconsorcial
b) Intervención adhesiva simple
c) Forma de la intervención
Los supuestos de intervención provocada
a) Llamada por causa común
b) Llamada en garantía
c) Nominatio auctoris
d) Llamada al tercero pretendiente
Capítulo 3.º: Sucesión, postulación, la Administración parte y el Ministerio Fiscal
Sucesión procesal
a) Muerte de la persona física
b) Fusión o absorción de las personas jurídicas
c) Transmisión inter vivos de la cosa litigiosa
Postulación procesal
La representación procesal:
A) Sus caracteres. El poder
B) Desarrollo y cese de la representación
C) Exclusividad de la representación y excepciones
6
D) Tratamiento procesal
a) Inexistencia del poder
b) Legalidad o insuficiencia del poder
La defensa técnica
A) Su carácter no formalista
B) Obligatoriedad y excepciones
C) Tratamiento procesal
Intervención no preceptiva de abogado o de procurador
a) Igualdad de las partes
b) Condena en costas
La jura de cuentas
La Administración como parte:
A) Privilegios del Estado
B) Privilegios de las comunidades autónomas
C) Privilegios de las entidades locales
El Ministerio fiscal en el proceso civil:
A) Como parte
a) Activa y pasiva
b) Sólo pasiva
B) Como representante legal
C) Como dictaminador
a) Sobre derecho material
b) Sobre derecho procesal
7
Título II
Jurisdicción y competencia
Capítulo 4.º: Jurisdicción, cuestiones prejudiciales y competencia. La declinatoria
Extensión y límites de la jurisdicción española en el orden civil:
A) Criterios de atribución
a) De exclusividad
b) Generales
c) Especiales
B) Tratamiento procesal
La competencia civil genérica
Las cuestiones prejudiciales
a) La llamada prejudicialidad civil
b) Prejudicialidad laboral y administrativa
c) Prejudicialidad penal
1) General
2) Documental
3) Disposiciones comunes
4) Vinculación del tribunal civil
d) Prejudicialidad constitucional
e) Prejudicialidad comunitaria
Los criterios de atribución de la competencia
Competencia objetiva y funcional:
A) Especificación para cada juzgado y tribunal
8
a) Juzgados de Paz
b) Juzgados de Primera Instancia
c) Audiencias Provinciales
d) Salas de lo Civil y Penal
e) Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
B) Tratamiento procesal
a) Control de oficio
b) A instancia de parte
La competencia territorial:
A) Fueros convencionales
a) Sumisión expresa
b) Sumisión tácita
B) Fueros legales
a) Especiales
b) Generales
1) Personas físicas
2) Personas jurídicas y entes sin personalidad
3) Acumulación de pretensiones
4) Litisconsorcio necesario
El principio de prueba
Tratamiento procesal:
A) Control de oficio
B) La declinatoria
a) Planteamiento
9
b) Tramitación
c) Decisión
d) Recursos
El reparto de asuntos
Título III
Actos procesales
Capítulo 5.º: Concepto, requisitos generales y nulidad
Los actos procesales
Proceso y actos procesales
La sustanciación de los asuntos:
A) Impulso procesal
B) Dación de cuenta
C) Vistas
D) Documentación de las actuaciones
Requisitos de los actos procesales:
A) Voluntad
a) Actos del juzgador
b) Actos de las partes
B) Lugar
C) Tiempo
a) Momento de realización del acto (días y horas hábiles)
b) Orden de la serie de actos (término y plazo)
1) Cómputo
10
2) Improrrogabilidad
3) Plazos propios e impropios
c) Presentación de escritos
D) Forma:
a) Oral
1) Inmediación y presencia judicial
2) Publicidad
b) Escrito: Información
c) Común: Lengua
Defectos de los actos:
A) Nulidad
a) Control de oficio
b) Instancia de parte
B) Anulabilidad
C) Irregularidad
D) Subsanación.
Clasificación de los actos.
Capítulo 6.º: Resoluciones y actos de comunicación
Actos de las partes:
A) Actos destinados a obtener una resolución judicial
B) Actos creadores de situaciones jurídicas
Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales
Clases de resoluciones:
11
A) Providencias
B) Autos
C) Sentencias
D) Resoluciones orales
La elaboración de las resoluciones en los órganos colegiados
Aclaración y corrección de las resoluciones:
a) Rectificación de errores materiales y aritméticos
b) Aclaración de algún concepto oscuro
c) Subsanación de omisiones o defectos
El Secretario judicial y las resoluciones: Diligencias de ordenación
Los actos de comunicación:
a) Hacia el exterior del órgano
b) Hacia el interior del órgano
Con las partes y otros sujetos:
A) Clases
a) Notificación
b) Emplazamiento
c) Citación
d) Requerimiento
B) Procedimientos de la comunicación
a) En la oficina judicial
b) Por correo certificado
c) En el domicilio
d) Por edictos
12
e) Por medios electrónicos, informáticos y similares
C) Validez de los actos
Con otros órganos:
A) Auxilio judicial
a) Interno
b) Internacional
B) Auxilio a la justicia
a) Mandamiento
b) Oficio
LIBRO II
PROCESO DE DECLARACIÓN
Título I
Objeto del proceso
Capítulo 7.º: Objeto del proceso y acumulación de objetos procesales
El objeto del proceso de declaración: la pretensión
a) La pretensión: objeto del proceso
b) La resistencia: objeto del debate
c) El tema de prueba
Relevancia técnico jurídica del objeto del proceso
Elementos delimitadores del objeto:
A) La petición o petitum
a) Inmediata
b) Mediata
13
B) La causa de pedir o causa petendi
a) Insuficiencia de la petición
b) Irrelevancia de la fundamentación jurídica
c) Hechos con trascendencia jurídica
d) En cada clase de pretensión
1) De condena
2) De mera declaración
3) De constitución
La acumulación de objetos procesales:
A) Concepto
B) Presupuestos
La acumulación inicial (de acciones)
A) Simple, alternativa, subsidiaria y accesoria
B) Acumulación exclusivamente objetiva
a) Presupuestos de admisibilidad
b) Efectos
c) Control de la acumulabilidad
C) Acumulación objetivo-subjetiva
B) Acumulación objetivo-subjetiva y exclusivamente objetiva
Acumulación pendiente el proceso
a) Ampliación de la demanda
b) Reconvención
c) Intervención principal
La acumulación de procesos
14
A) Presupuestos de admisibilidad
B) Procedimientos
a) Cuando los procesos penden ante el mismo tribunal
b) Cuando los procesos penden ante tribunales distintos
Título II
Actividades previas no jurisdiccionales
Capítulo 8.º: Reclamación previa, conciliación y diligencias preliminares
Actividades previas al proceso
La reclamación administrativa previa
a) Procedimiento
b) Efectos de la no presentación de la reclamación
c) Efectos de la presentación de la reclamación
d) Efectos de la estimación de la reclamación
e) Efectos de la desestimación
f) La correlación entre reclamación-pretensión y resolución-sentencia
La conciliación preventiva:
A) Concepto, clases y naturaleza
B) Carácter voluntario y supuestos excluidos
C) Competencia
D) Procedimiento
a) Solicitud o papeleta
b) Admisión de la papeleta
c) Citación de las partes
15
d) Incomparecencia de las partes
e) Comparecencia al acto y resultados
f) Documentación
E) Efectos
a) De la existencia del acto
b) De lo convenido
E) Impugnación de lo convenido
a) Por motivos materiales
b) Por motivos procedimentales
Las diligencias preliminares:
A) Concepto y generalidades
B) Enumeración de las medidas
a) Determinación de la capacidad, la representación y la
legitimación
b) Exhibición de cosa mueble
c) Exhibición de documentos sucesorios
d) Exhibición de documentos entre socios y comuneros
e) Exhibición de contrato de seguro
f) Determinación de los integrantes del grupo
C) Procedimiento
Título III
Disposiciones comunes a los procesos declarativos
Capítulo 9.º: Tipos de procesos y su determinación. Cuestiones incidentales y costas
16
Los tipos de proceso de declaración
A) Tutela ordinaria
a) Juicio plenario ordinario
b) Juicios plenarios rápidos ordinarios
B) Tutelas privilegiadas
a) Juicios plenarios especiales
b) Juicios sumarios especiales
La determinación del proceso declarativo adecuado:
A) La cuantía como criterio general
a) La determinación de la cuantía
b) El control de la cuantía
1) De oficio por el Juzgado
2) Impugnación de la cuantía por el demandado
B) La materia como criterio especial
Las cuestiones incidentales:
A) Precisiones iniciales
a) Cuestiones previas
b) Cuestiones incidentales
c) Cuestiones prejudiciales
B) Cuestiones y procedimientos incidentales
a) Noción de incidente
b) Clases de incidentes
1) Especiales o común
2) Suspensivos y no suspensivos
17
c) Procedimiento
Las costas:
A) Condena en costas
a) Primera instancia
b) Recursos
B) Tasación e impugnación
Capítulo 10.º: La prueba (I). Concepto, objeto y carga
Concepto y naturaleza
Clases de prueba
a) Directas e indirecta
b) Personal y real
c) Preconstituida y causal
d) Principal, contraprueba y prueba de lo contrario
e) Plena y semiplena
Objeto de la prueba:
A) Alegaciones de hechos
a) Hechos admitidos (o no controvertidos)
b) Hechos notorios
c) Hechos favorecidos por una presunción
B) Alegaciones de derecho
a) Costumbre
b) Derecho extranjero
c) Derecho histórico
18
d) Derecho estatutario
C) Máximas de la experiencia
Carga de la prueba:
A) Los principios de aportación de parte y adquisición procesal
B) El hecho dudoso y el non liquet
C) Reglas legales de distribución de la carga de la prueba
D) Criterios de distribución de la carga.
Capítulo 11.º: La prueba (II). Fuentes y medios, valoración y procedimiento probatorio
Fuentes y medios de prueba:
A) La distinción fuentes-medios
B) Los medios de prueba
C) La inútil discusión sobre el numerus clausus o apertus
D) Pruebas obtenidas ilícitamente
a) Derechos protegidos frente a la investigación de fuentes de
prueba
b) Consecuencias procesales de la vulneración
Valoración de la prueba:
A) Las máximas de la experiencia y los sistemas de valoración
B) Apreciación conjunta de la prueba y motivación de las sentencias
Procedimiento probatorio
A) Recibimiento a prueba
B) Proposición de los medios concretos de prueba
C) Admisión de los medios de prueba
19
D) Práctica de la prueba
a) Unidad de acto
b) Inmediación
c) Contradicción
d) Publicidad
e) Orden de la práctica
f) Documentación
Anticipación de la prueba
a) Antes de la iniciación del proceso
b) Durante el curso del proceso
c) Normas comunes
Aseguramiento de la prueba
a) Finalidad
b) Medidas
c) Procedimiento
Capítulo 12.º: La prueba (III). Interrogatorio de las partes y prueba documental
El interrogatorio de las partes:
A) Antecedentes
B) Concepto
C) Clases
a) De personas físicas
b) De personas jurídicas
20
D) Las preguntas
E) Procedimiento probatorio
a) Solicitud
b) Facultades del juez
c) Lugar
d) Cargas del declarante
e) Interrogatorio cruzado
f) Modos de responder al interrogatorio
g) Incomunicación de los declarantes
F) Valoración
La prueba documental:
A) Concepto
B) Clases
a) Públicos
b) Públicos extranjeros
c) Privados
C) Procedimiento probatorio
a) Momento de la presentación
b) Forma de la misma
1) Públicos
2) Privados
c) Impugnación de la autenticidad
1) Públicos
2) Privados
21
D) Exhibición de documentos
a) Las partes
b) Terceros
c) Entidades de Derecho público
E) Valoración
a) Públicos
b) Privados
Capítulo 13.º: La prueba (IV). Pericial y reconocimiento judicial
La prueba pericial:
A) Concepto de prueba pericial, naturaleza y admisibilidad
B) Concepto de perito
C) Recusación y tacha del perito
a) Recusación
b) Tacha
D) Deberes y derechos del perito
E) Procedimiento probatorio
a) Dictamen de perito designado por la parte
b) Dictamen de perito designado por el tribunal
c) Designación y nombramiento del perito
d) Elaboración del dictamen
e) Intervención en el juicio
F) El caso particular del cotejo de letras
G) Valoración
22
La prueba de reconocimiento judicial:
A) Concepto y admisibilidad
B) Procedimiento probatorio
a) Como prueba única
b) Conjuntamente con otras pruebas
C) Documentación
D) Valoración
Capítulo 14.º: La prueba (V). Testifical, nuevos medios, presunciones y diligencias finales
La prueba testifical:
A) Concepto, naturaleza y admisibilidad
B) Concepto de testigo y diferencia con figuras afines
C) Idoneidad para ser testigo
D) Tachas de los testigos
E) Deberes y derechos del testigo
F) Las preguntas
G) Procedimiento probatorio
a) Proposición y admisión
b) Práctica
c) Documentación
H) Valoración
Medios de reproducción del sonido o la imagen e instrumentos de archivo:
A) Concepto y admisibilidad
23
B) Procedimiento probatorio
a) Reproducción ante el tribunal de imágenes y de sonidos
b) Instrumentos de archivo, conocimiento o reproducción de
palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas
C) Valoración
Las presunciones como método de prueba:
A) Concepto y naturaleza jurídica
a) La afirmación base, o hecho base, o indicio
b) La afirmación presumida, o hecho presumido
c) El nexo lógico o enlace entre ambos
B) Clases
a) Presunciones legales
b) Presunciones judiciales
C) Requisitos y efectos
Las diligencias finales:
A) Concepto y admisibilidad
B) Adopción, forma y efectos.
Título IV
La primera instancia
Sección 1.ª: El juicio ordinario
Capítulo 15.º: Demanda, documentos y litispendencia
La demanda: concepto
Requisitos de la demanda
24
A) Subjetivos
a) Determinación del órgano jurisdiccional
b) Designación de las partes
B) Fundamentación
a) Hechos
b) Fundamentos de derecho
C) Petición
D) Otros requisitos
a) Determinación del tipo de proceso
b) Peticiones y declaraciones accesorias
c) Fecha y firmas
Documentos que deben acompañarla:
A) Procesales
B) Materiales
Presentación, admisión e inadmisión
A) Por razones de fondo
B) Por falta de presupuestos procesales
Efectos de la demanda: la litispendencia
A) El tiempo de la litispendencia
B) Los efectos de la misma
La prohibición de transformación de la demanda
a) Ampliación de la demanda
b) Ampliación de hechos
c) Presentación de documentos
25
d) Resoluciones judiciales y administrativas
e) Delimitación de los términos del debate
f) En el recurso de apelación
Consecuencias jurídico privadas de la demanda
a) De la existencia de la demanda
b) De la estimación de la pretensión
c) Efectos intermedios
Capítulo 16.º: Rebeldía, excepciones, contestación y reconvención
Actitudes posibles del demandado
La rebeldía:
A) Concepto
B) Efectos
C) El proceso en rebeldía
Las excepciones:
A) Excepciones procesales
B) Excepciones materiales
Contestación a la demanda:
A) Concepto
B) Contenido
a) Negativas
b) Positivas
C) Documentos que deben acompañarla
a) Procesales
26
b) Materiales
D) La prohibición de transformación
La reconvención:
A) Concepto
B) Requisitos
a) Momento
b) Forma
c) Competencia
d) Procedimientos homogéneos
e) Legitimación pasiva
f) Efectos
Capítulo 17.º: Audiencia previa y juicio
Origen y sentido de la audiencia previa:
A) El sistema del proceso común y las excepciones dilatorias
B) El sistema de la audiencia preliminar
El sistema de la LEC:
A) Caracteres generales
B) Incomparecencia de las partes
Función de evitación del proceso
a) Acuerdo previo
b) Conciliación
Función saneadora del proceso
a) Jurisdicción y competencia
27
b) Capacidad y representación
c) Acumulación inicial de pretensiones
d) Litisconsorcio necesario
e) Litispendencia o cosa juzgada
f) Inadecuación del procedimiento
1) Por la cuantía
2) Por la materia
g) Demanda defectuosa
h) Circunstancias procesales análogas
Función delimitadora de los términos del debate
a) Aclaración y complementación
1) Aclaración de alegaciones
2) Peticiones complementarias
b) Hechos nuevos o de nueva noticia
c) Aportación de documentos y dictámenes
d) Posición sobre documentos y dictámenes
Función delimitadora de la prueba
El juicio
a) Señalamiento y citación
b) Incomparecencia de las partes
c) Desarrollo del juicio
Capítulo 18.º: Sentencia, motivación y requisitos internos. La congruencia
La sentencia:
28
A) Concepto
B) Liquidez
Formación interna
a) Existencia en abstracto de la consecuencia jurídica pedida
b) Existencia en concreto de la consecuencia jurídica pedida
c) Existencia de los hechos afirmados
d) Subsunción de los hechos en la norma jurídica
e) Determinación de la consecuencia jurídica
Motivación:
A) Significado
B) Alcance
Requisitos internos. Enumeración
Exhaustividad:
A) Concepto
B) Contenido
Congruencia:
A) Fundamento
B) Elementos de la correlación
C) Contenido de la correlación
a) A las partes
b) A la pretensión
c) A la resistencia
Capítulo 19.º: Paralización y terminación anormal del proceso
29
Desarrollo y terminación anormal del proceso
Paralización:
A) Paralización de todo el proceso
B) Paralización de actos procesales concretos
Terminación anormal del proceso:
A) Terminación por motivos procesales:
a) Desistimiento
b) Sobreseimiento
c) Caducidad
B) Terminación por razones materiales:
a) Renuncia
b) Allanamiento
c) Transacción
d) Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto.
Supuesto especial de enervación del desahucio
Sección 2.ª: El juicio verbal
Capítulo 20.º: Tramitación completa
Origen y naturaleza
La demanda:
A) Demanda sucinta
B) Demanda en impreso normatizado
C) Acumulación inicial de pretensiones
D) Demandas especiales
30
Admisión de la demanda y citación para la vista
a) A las dos partes
b) Al demandante
c) Al demandado
Actuaciones previas a la vista:
A) Generales
a) Preparación de la prueba para la vista
b) Comparecencia con abogado y procurador
c) Reconvención y compensación
B) Especiales
a) Adquisición de la posesión
b) Obra nueva
c) Derecho real inscrito
d) Ejecución exclusiva contra bien mueble adquirido a plazos
e) Entrega del bien mueble al arrendador financiero o al vendedor o
financiador
Vista:
A) Inasistencia de las partes
B) Desarrollo general
a) Fundamentación de la pretensión
b) Contestación a la demanda
c) Prueba
d) No conclusiones
C) Reglas especiales
31
a) Recuperación de finca dada en arrendamiento
b) Tutela de derechos reales inscritos
c) Juicios verbales especiales y sumarios del art. 250.1, 10.º y 11.º
Título V
Los recursos
Capítulo 21.º: En general. Reposición y queja
Los medios de impugnación
Los recursos; sus clases
a) El derecho al recurso
b) Clases
Presupuestos de admisibilidad:
A) Subjetivos
a) Competencia
b) Legitimación
B) Objetivos
a) Recurribilidad de la resolución
b) Plazo
c) Fundamentación
d) Gravamen
Efectos de los recursos
Desistimiento de los recursos
a) Concepto
b) Requisitos
32
c) Efectos
Reposición
a) Caracteres
b) Procedimiento
c) Supuestos especiales
1) Diligencias de ordenación
2) Resoluciones orales
Queja
Capítulo 22.º: La apelación
El recurso de apelación:
A) Apelación y segunda instancia
a) Apelación plena
b) Apelación limitada
c) Diferencias entre ellas
d) Acomodación a la realidad
B) Apelación y nulidad
La regulación del recurso:
A) Tribunal competente
B) Resoluciones recurribles
C) Efectos
D) Tramitación
a) Ante el tribunal a quo
1) Preparación del recurso
33
2) Admisión
3) Interposición
4) Oposición al recurso e impugnación de la sentencia
5) Oposición a la impugnación por adhesión
6) Remisión de los autos
b) Ante el tribunal ad quem
1) Sin vista
2) Con vista
Ámbito del recurso:
A) Apelación limitada
B) Prueba en el recurso
a) Subsanación de defectos
b) Continuación del proceso
c) Tramitación
C) Infracción de norma o garantía procesal
D) La apelación adherida
La congruencia de la sentencia.
Capítulo 23.º: Infracción procesal, casación e interés de la ley
Los recursos extraordinarios
El recurso por infracción procesal:
A) Características generales
a) Competencia
b) Resoluciones recurribles
34
c) Motivos del recurso
d) Presupuestos para la procedencia del recurso
e) Consecuencias de la estimación del recurso
B) Procedimiento
a) Fase de preparación
b) Fase de interposición
c) Fase de admisión
d) Fase eventual de vista y prueba
e) Fase de decisión
El recurso de casación:
A) Características generales
a) Competencia
b) Resoluciones recurribles
c) Motivo del recurso
d) Objeto y efectos del recurso
B) Procedimiento
a) Preparación e interposición del recurso
b) Admisión del recurso
c) Sustanciación y fallo
Promoción de recursos por infracción procesal y de casación contra una misma
sentencia
El recurso en interés de la ley:
A) Características generales
a) Competencia y resoluciones recurribles
35
b) Motivos del recurso
c) Legitimación
B) Procedimiento
Título VI
Efectos del proceso
Capítulo 24.º: Cosa juzgada
Firmeza e invariabilidad de las resoluciones
a) Firmeza
b) Invariabilidad
La cosa juzgada formal
La cosa juzgada material:
A) Concepto
B) Naturaleza jurídica
a) Presunción de verdad
b) Teoría material
c) Teoría procesal
C) Resoluciones susceptibles de esta cosa juzgada
a) Sentencias constitutivas
b) Resoluciones cautelares
c) Sentencias de los juicios sumarios
Funciones de la cosa juzgada:
A) Negativa o excluyente
B) Positiva o prejudicial
36
Límites de la cosa juzgada:
A) Subjetivos
a) Identidad subjetiva
b) Extensión a determinados terceros
c) Extensión erga omnes
B) Objetivos
a) Pretensión
b) Resistencia
C) Temporales
Tratamiento procesal de la cosa juzgada
a) De la función negativa
b) De la función positiva
Capítulo 25.º: Revisión, audiencia al rebelde y mulidad
La impugnación de la cosa juzgada
El juicio de revisión:
A) Fundamento
B) Naturaleza jurídica
C) Causas de revisión
D) Competencia
E) Procedimiento
a) Plazos
b) Tramitación
F) Efectos
37
a) De la interposición de la demanda de revisión
b) De la sentencia de revisión
La audiencia al demandado rebelde:
A) Concepto y naturaleza
B) Primera fase: De concesión de la audiencia
a) Requisitos para la concesión
b) Competencia y procedimiento
c) Resolución
C) Segunda fase: De sustanciación de la audiencia
La nulidad de actuaciones
a) Motivo
b) Presupuestos
c) Procedimiento
d) Decisión
La oposición de tercero
a) Oposición genérica de tercero
b) Oposición de acreedores y herederos
LIBRO III
PROCESO DE EJECUCIÓN
Título I
Conceptos generales
Capítulo 26.º: Los principios de la ejecución
Noción y naturaleza de la ejecución
38
a) Ejecución precedida de declaración
b) Ejecución sin declaración
c) Naturaleza jurisdiccional de la ejecución
Sus principios configuradores:
A) Carácter sustitutivo
B) Relativos a las partes
C) Relativos al proceso
D) Relativos al procedimiento
Los elementos personales de la ejecución:
A) El tribunal
B) Las partes del proceso
a) Legitimación ordinaria
1) En general
2) Activa
3) Pasiva
4) Acumulación de procesos
5) Proceso único con pluralidad de partes
b) Legitimación extraordinaria
C) Los terceros en la ejecución
El objeto de la ejecución:
A) La petición
B) El fundamento o causa de pedir.
Capítulo 27.º: El título ejecutivo
39
El título ejecutivo:
A) Su función en la ejecución
B) Acto jurídico + documento
C) El título como documento típico
Clases de títulos ejecutivos:
A) Judiciales o equiparados
a) Sentencia firme de condena
b) Laudo o resolución arbitral firme
c) Resoluciones judiciales de aprobación u homologación de
transacciones judiciales o de acuerdos logrados en el proceso
d) Auto de cuantía máxima
e) Las demás resoluciones judiciales que, por disposición legal, lleven
aparejada ejecución
B) No judiciales
a) Escritura pública
b) Pólizas de contratos mercantiles
c) Obligaciones y cupones vencidos
d) Anotaciones en cuenta
e) Otros documentos
La sentencia extranjera:
A) El supuesto general
a) Competencia
b) Regímenes de exequatur
1) Convencional
2) De reciprocidad de hecho
40
3) De control interno independiente
c) Procedimiento
B) El caso especial del Convenio de Bruselas
El laudo extranjero
Homologación de resoluciones canónicas
a) Requisitos de fondo
b) Procedimiento
Título II
Ejecución provisional
Capítulo 28.º: La ejecución de sentencias no firmes
La ejecución provisional:
A) Concepto
B) Naturaleza jurídica
Presupuestos:
A) Sentencias ejecutables provisionalmente
B) Competencia
C) Legitimación
D) No necesidad de caución
Despacho de la ejecución provisional:
A) Momento de la demanda ejecutiva
1) De sentencias de primera instancia
2) De sentencias de segunda instancia
B) Auto despachando la ejecución
41
La oposición a la ejecución provisional:
A) Causas de oposición al conjunto de la ejecución
B) Oposición a actuaciones ejecutivas concretas
La revocación de la sentencia ejecutada provisionalmente
a) Condenas dinerarias
b) Condenas no dinerarias
Título III
Ejecución definitiva
Sección 1.ª: Disposiciones comunes
Capítulo 29.º: La unidad de la ejecución
La unidad de la ejecución:
A) El inicial sistema unitario
B) La posterior dualidad de ejecuciones
C) La vuelta a la unidad
La iniciación del proceso:
A) Demanda ejecutiva
a) Requisitos de contenido
b) Documentos que deben acompañarla
B) Despacho de la ejecución
a) Auto denegando el despacho de la ejecución
b) Auto despachando la ejecución
C) La notificación al ejecutado
La oposición a la ejecución
42
Oposición al conjunto de la ejecución:
A) Defectos procesales
B) Motivos de fondo
a) Títulos judiciales y asimilados
b) Títulos no judiciales
c) Procedimiento de la oposición
d) Sumariedad de la oposición
Oposición a los actos ejecutivos:
A) Infracción de norma procedimental o procesal
a) Procedimental
b) Procesal
c) Vías de la impugnación
B) Infracción del título ejecutivo
Suspensión de la ejecución
Sección 2.ª: Ejecución dineraria
Capítulo 30.º: Liquidación de títulos. Embargo ejecutivo (I)
Introducción
Liquidez del título ejecutivo:
A) Saldo de operaciones
B) Intereses
a) En general
b) Mora procesal (título judicial)
c) Interés variable (títulos no judiciales)
43
C) Moneda extranjera
Liquidación de títulos ilíquidos
a) Daños y perjuicios
b) Equivalente dinerario de prestación no dineraria
c) Frutos y rentas
d) Rendición de cuentas de administración
Requerimiento de pago
El embargo ejecutivo
Concepto
Objeto del embargo; bienes no embargables
a) Bienes absolutamente inembargables
b) Bienes inembargables del ejecutado
c) Sueldos y pensiones
d) Nulidad del embargo sobre bienes inembargables
Localización de los bienes del ejecutado (en especial manifestaciones de
bienes por el ejecutado e investigación judicial de su patrimonio; las multas
coercitivas)
Integración del patrimonio del ejecutado
Determinación de los bienes a embargar
A) Ámbito cualitativo
B) Ámbito cuantitativo
a) Mejorar el embargo
b) Reducir el embargo
44
Capítulo 31.º: Embargo ejecutivo (II). Tercería de dominio
El embargo ejecutivo (sigue)
Afección de los bienes
La tercería de dominio
a) Naturaleza jurídica
b) Competencia
c) Legitimación
d) Título
e) Tiempo
f) Procedimiento
g) Efectos
Garantías de la afección:
A) Anotación preventiva en registro público
a) Bienes inmuebles
b) Bienes muebles
B) Depósito judicial
a) Institucional
b) Personal
C) Retención sin desapoderamiento
D) Administración judicial
El reembargo
a) Concepto
b) El embargo de sobrante
45
Capítulo 32.º: Procedimiento de apremio
La realización forzosa
La enajenación forzosa:
A) Enajenación por fedatario público
B) Otros sistemas de enajenación (el avalúo)
Alternativas a la subasta judicial:
A) El convenio de realización
B) Realización por persona o entidad especializada
La subasta judicial:
A) Situación jurídica de los bienes
a) Titularidad del dominio y cargas
b) Presentación de los títulos
c) Arrendatarios y ocupantes de hecho
B) Celebración de la subasta
a) Fijación del tipo y subsistencia y extinción de cargas
b) Convocatoria, anuncio y publicidad
c) Depósito previo
d) Acto de la subasta
e) Subasta sin postor
C) Aprobación del remate
D) Pago del precio y entrega del bien
E) Distribución del dinero y cancelación de cargas
La adjudicación forzosa:
A) Adjudicación para pago
46
a) Créditos realizables en el acto
b) Sueldos y pensiones
B) Adjudicación en pago
La administración forzosa
La tercería de mejor derecho
a) Naturaleza jurídica
b) Tramitación
Sección 3.ª: Ejecuciones no dinerarias
Capítulo 33.º: Ejecuciones de dar, hacer y no hacer
Ejecución en forma específica no dineraria:
A) Ejecución específica y tutela judicial efectiva
B) Aseguramiento de la ejecución genérica sustitutoria
C) Apremios o multas coercitivas
Obligaciones de dar:
A) Cosa mueble determinada
B) Cosas genéricas
C) Bienes inmuebles
a) ¿Qué es “lo que proceda”?
b) ¿Cuándo existe imposibilidad de entrega in natura?
D) El equivalente pecuniario
Obligaciones de hacer:
A) Inicial actividad ejecutiva
B) Conductas fungibles o no personalísimas
47
C) Conductas infungibles o personalísimas
Condena a la emisión de una declaración de voluntad
Obligaciones de no hacer.
LIBRO IV
PROCESO CAUTELAR
Capítulo 34.º: Conceptos generales, Las medidas cautelares
Concepto y principios
Elementos personales:
A) Órgano competente
a) Extensión y límites de la jurisdicción
b) Competencia genérica
c) Criterios de atribución de competencia
B) Las partes
Las medidas cautelares:
A) Características
B) Naturaleza jurídica
C) Presupuestos
a) Situación jurídica cautelable y apariencia de buen derecho
b) Peligro por la mora procesal
c) Caución
Medidas cautelares específicas
1) Embargo preventivo de bienes
2) Intervención y administración judicial
48
3) Depósito de cosa mueble
4) Formación de inventarios de bienes
5) Anotación preventiva de demanda
6) Otras anotaciones registrales
7) Cesación provisional, o abstención temporal, o prohibición temporal
de actividades, conductas o realización de prestaciones
8) Intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante actividad
ilícita, o consignación o depósito de las cantidades reclamadas en
concepto de remuneración de la propiedad intelectual
9) Depósito de ejemplares de obras, objetos y material
10) Suspensión de acuerdos sociales
11) Otras previstas legalmente
Caución sustitutoria
Capítulo 35.º: Procedimiento unificado
La demanda cautelar
a) Antes de la demanda
b) Con la demanda
c) Con posterioridad a la presentación de la demanda
Tramitación:
A) Con contradicción previa
B) Con contradicción diferida
Resolución cautelar:
a) Plazo
b) Contenido
49
c) Cosa juzgada
d) Ejecución
Impugnación de la resolución cautelar:
A) Impugnación por medio de recurso
B) Oposición en los supuestos de resolución sin contradicción previa
C) La estimación de la oposición: responsabilidad por daños y perjuicios
Variabilidad de la medida cautelar
Relación de dependencia entre tutela cautelar y proceso principal:
A) Tutela cautelar ante causam: Necesidad del proceso principal
B) Suspensión del proceso principal
C) Terminación del proceso principal
a) Finalización del proceso sin contradicción
b) Finalización del proceso con contradicción. Situación en la segunda
instancia
D) Alzamiento de las medidas cautelares tras la sentencia firme
LIBRO V
PROCESOS ESPECIALES
Título I
Procesos dispositivos
Capítulo 36.º: Simplificación de los procedimientos especiales
La tutela judicial privilegiada
La determinación del proceso adecuado por la materia
La aplicación del juicio ordinario
50
a) Derechos honoríficos
b) Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
c) Impugnación de acuerdos societarios
d) Competencia desleal
e) Propiedad industrial
f) Propiedad intelectual
g) Publicidad
h) Condiciones generales de la contratación
i) Arrendamientos
1) Urbanos
2) Rústicos
j) Retracto
k) Propiedad horizontal
La aplicación del juicio verbal:
A) De modo plenario
a) Precario
b) Alimentos
c) Rectificación de hechos
d) Tráfico
B) De modo sumario
a) Desahucio por falta de pago o expiración del plazo
b) Tutela posesoria y análoga
c) Derechos reales inscritos
d) Ventas a plazos de bienes muebles
51
e) Arrendamiento financiero
Título II
Procesos no dispositivos
Capítulo 37.º: Capacidad, filiación, matrimoniales, menores y derechos fundamentales
Características de los procesos no dispositivos
a) Objeto indisponible
b) Partes
c) Prueba
d) Procedimiento
Los procesos sobre la capacidad de las personas:
A) Incapacitación
B) Prodigalidad
C) Reintegración de la capacidad
D) Internamiento de trastornados mentales
Los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad
Los procesos matrimoniales:
A) Nulidad, separación y divorcio contenciosos, y otras pretensiones
amparadas en el Título IV del Libro I del Código Civil
B) Separación o divorcio de mutuo acuerdo
C) Medidas provisionales
D) Medidas definitivas
Eficacia de resoluciones eclesiásticas
Los procesos sobre guarda, custodia y alimentos de menores
52
Los procesos sobre determinados aspectos de la protección de menores y de
la adopción
Especialidades en caso de tutela de los derechos fundamentales en el ámbito
procesal civil.
Título III
División de patrimonios
Capítulo 38.º: Hereditarios y matrimoniales
Procedimientos para la división judicial de patrimonios
División de patrimonios hereditarios:
A) La declaración de herederos abintestato
a) Objeto y características generales
b) Declaración de herederos por acta de notoriedad
c) Expediente judicial de declaración de herederos
B) División de la herencia
a) Objeto y características generales
b) Estructura
C) Protección y administración del patrimonio hereditario
a) Medidas de aseguramiento
1) Aseguramiento de oficio
2) Aseguramiento a instancia de parte
3) Actuaciones subsiguientes. Formación de inventario
4) Cesación de las medidas intervencionistas
b) Administración y custodia
Liquidación del régimen económico matrimonial:
53
A) Presupuestos
B) Objeto
a) Procedimiento para la formación del inventario
b) Procedimiento para la liquidación y reparto de bienes de la
comunidad matrimonial
Título IV
Tutela privilegiada del crédito
Capítulo 39.º: El proceso monitorio
El proceso monitorio:
A) Concepto
B) Naturaleza
C) Antecedentes
D) Objeto y características.
Competencia y procedimiento adecuado
Petición inicial y documentos
Admisión de la petición, requerimiento de pago y posibles conductas del
demandado
La oposición del deudor y la transformación del procedimiento
La cosa juzgada
Capítulo 40.º: El juicio cambiario
El juicio cambiario
54
El laberinto de las llamadas acciones causal y cambiaria
a) Acción causal
b) Acciones cambiarias
Presupuestos de la pretensión cambiaria:
A) Relativos al documento título valor
B) Competencia
El juicio sin oposición:
A) Demanda
B) Admisión
C) Requerimiento de pago y embargo
D) Auto despachando la ejecución
La oposición cambiaria:
A) Tramitación
B) Causas de oposición
a) Procesales
b) Materiales
1) Cambiarias
2) Extracambiarias
C) Sentencia.
Capítulo 41.º: Las ejecuciones hipotecarias
Las opciones procesales del acreedor hipotecario
El proceso de ejecución común:
A) Partes y acumulaciones
55
a) Dirigido sólo contra el deudor
b) Dirigido contra el deudor y otra persona
1) El deudor y el tercer poseedor
2) El deudor y al fiador
B) Especialidades procesales
a) El propio de la LEC
b) El de la Ley Hipotecaria
El proceso especial de ejecución hipotecaria:
A) Presupuestos procesales
a) Precio de tasación de la finca
b) Domicilio para requerimientos y notificaciones
c) Competencia
d) Legitimación
B) Desarrollo de la ejecución
a) Demanda
b) Requerimiento de pago
c) Certificación registral y nota marginal
d) Dos notificaciones
e) Depósito o administración del bien
f) Subasta
g) Pago del crédito y destino del sobrante
C) Suspensión y oposición a la ejecución
a) Causas de suspensión
b) Oposición del ejecutado
56
1) Procesal o formal
2) Motivos de fondo
D) Remisión a juicio ordinario
El proceso especial de ejecución de la prenda sin desplazamiento de posesión.
Apéndice
La entrada en vigor
En general
En especial
Las disposiciones transitorias
La aplicación de la ley procesal en el tiempo
Procesos de declaración
Proceso de ejecución
Juicios ejecutivos
Proceso cautelar
57
PRÓLOGO
En abril de 1997 la Señora Ministra de Justicia tuvo la gentileza de
enviarnos el Borrador de Ley de Enjuiciamiento Civil y pronto comprobamos
que al mismo se le había dado una gran difusión, alcanzando a todas las
personas e instituciones interesadas, lo que suponía, sin más, un cambio de
actitud frente a cierto secretismo típico del “legislador” anterior.
Debemos reconocer que en aquel momento no dimos demasiada
importancia al texto remitido. A estas alturas del tiempo vivido hemos conocido
demasiadas iniciativas que no han pasado de la intención al hecho. Es verdad
que el Borrador lo era de un texto articulado completo, no de una proyectada
ley de bases ni de un acopio de materiales, pero el escepticismo, fruto obligado
de la experiencia, nos indujo a no confiar demasiado o, mejor, a esperar sin
esperanza acontecimientos.
El paso de unos meses, ni pocos ni muchos, los suficientes, nos
demostró que la iniciativa iba en serio. En diciembre de 1997 recibimos el
Anteproyecto y supimos que la difusión inicial había visto correspondida con
sugerencias y críticas. A partir de entonces las etapas se han ido cumpliendo
sin precipitaciones y sin demoras. El Gobierno aprobó el Proyecto el 30 de
octubre de 1998 y lo remitió al Congreso. En éste se presentaron 1.682
enmiendas, de las que la Ponencia admitió 702 en su Informe. La Comisión de
Justicia e Interior en el mes de julio y el Pleno en el de septiembre, celebraron
sus correspondientes sesiones, aprobando éste su texto en la de 23 de
septiembre de 1999. Remitido al Senado, en el mismo se presentaron 407
enmiendas, de las que la Ponencia ya no admitió en su Informe la mayoría,
celebrándose las sesiones de la Comisión el 23 de noviembre y del Pleno el 1
y el 2 de diciembre. Remitido el texto al Congreso, el Pleno de éste aprobó el
texto en su sesión de 16 de diciembre de 1999, publicándose la Ley en el BOE
de SEGUIR
58
En el mes de julio de 1999, cuando la Ponencia del Congreso presentó
su Informe y cuando la Comisión fue convocada para los últimos días de un
mes en el que no es habitual que los legisladores cumplan con su función, nos
convencimos de que la VI Legislatura vería la promulgación de una nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil. En ese momento decidimos ponernos a trabajar con el
propósito, primero de estudiarla para conocerla y, segundo, de hacer a los
demás partícipes del resultado de nuestro trabajo.
Esta segunda finalidad se ha pretendido alcanzar en dos frente distintos.
Por un lado se ha tratado de seguir ofreciendo el manual, del que hemos
alcanzado ya la 9.ª edición y, por otro, de ofrecer al profesional del Derecho un
instrumento de adaptación a la nueva LEC, aprovechando la unidad de
esfuerzo. Al segundo frente responde este libro del que quisiéramos destacar
dos cosas:
1.ª) No es el producto precipitado, consecuencia de querer salir al
mercado lo antes posible aunque sea a costa de no decir nada útil para la
comprensión de una ley nueva. Esta actitud es incompatible con lo que hemos
demostrado a lo largo de muchos años de publicar libros, algunos de ellos
obras generales y otros comentarios de leyes nuevas.
2.ª) No puede dejar de ser una primera redacción en la que se intenta
explicar una ley de tan importante repercusión práctica y de tan trascendente
cambio sobre lo anterior, redacción que no puede hacerse en el vacío pero que
deberá ir seguida de otras en las que se cuente con la necesaria experiencia
en su aplicación.
* * * *
Una ley nueva y, sobre todo, una ley tan compleja e importante como la
de Enjuiciamiento Civil, exige, primero, atender a la misma ley, lo que ha de
hacerse con los instrumentos conceptuales conocidos, y, después, ver cómo se
está procediendo a su aplicación. Cuando la ley ha sido muy recientemente
promulgada el examen no puede llegar más allá del primer aspecto, pero el
59
mismo no puede hacerse sin el bagaje jurídico imprescindible para comprender
qué es lo que se ha cambiado.
Síntesis de la evolución procesal civil
La comprensión de ese cambio puede hacer necesario tener
conocimiento del origen del que se partía y de por dónde se ha pasado hasta
llegar a la nueva Ley. Este conocimiento pude sintetizarse en una evolución
que no debe olvidarse.
A) El juicio ordinario
El proceso civil español tiene su origen en Las Partidas (1265) que
supusieron la recepción del Derecho común. En esta concepción.
a) El proceso es un drama entre tres personas, dos partes parciales y un
tercero imparcial, en el que las primeras son “las dueñas de los pleitos”, y por
eso el proceso se inicia sólo cuando existe petición de una de ellas y avanza
por el impulso de las dos. Las partes tienen que disponer con toda amplitud de
los medios de ataque y defensa, sin limitación alguna, tratándose de acabar
para siempre con el litigio que las separa.
b) El procedimiento no puede dejar de ser complicado, lento y formalista
y, por tanto, de elevado coste. Si se han de ofrecer a las partes las mayores
posibilidades para su defensa debe admitirse todo aquello que la favorezca,
empezando porque los actos que realicen las mismas serán escritos.
En este sistema el solemnis ordo iudiciarius es el proceso único, en el
sentido de que no existen procesos especiales. Si el proceso exige que las
partes dispongan con toda amplitud de todos los medios de defensa, no cabe
regular tipos procedimentales en los que se reduzcan esas posibilidades;
independientemente de la materia que se debata en el proceso, las partes
tienen que tener los mismos instrumentos procesales de ataque y defensa.
El proceso común era el resultado de la razón natural, no el producto de
las decisiones de un legislador concreto. De esta arrancan, por un lado, la
creencia de que el rey no podía alterar la esencia del sistema y, por otro, su
60
gran prestigio y difusión entre los juristas, los cuales no se sentían sometidos a
decisiones ajenas. Las leyes del arte del derecho no podían ser modificadas
por el rey o por cualquier otro legislador, lo mismo que no podían ser impuestas
las reglas del arte de la medicina.
B) El proceso plenario rápido
Durante siglos la sociedad fue consciente de que ese modelo procesal
era ineficaz para solucionar algunos conflictos entre las partes y así se fue dar
lugar a un modelo procesal distinto, el del proceso plenario rápido, que triunfó
en el ámbito mercantil pero que no tuvo verdaderas repercusiones en el ámbito
civil.
a) En el ámbito mercantil se llegó a la creación de tribunales especiales
(los Consulados de Comercio) con un proceso propio, caracterizado
procesalmente por la simplificación y adecuación a la realidad del conflicto y
procedimentalmente por la oralidad.
La aparición de este proceso plenario rápido se explica desde la
imposibilidad conceptual de reformar de modo sustancial el proceso ordinario.
Si el solemnis ordo iudiciarius era la consagración de la razón natural y si el rey
no podía desvirtuarlo, la única solución consistía en crear un proceso distinto
para los conflictos entre los comerciantes, proceso que los juristas veían como
algo ajeno a ellos (tanto que en el proceso mercantil se prohibió la intervención
de abogados). Normalmente la fórmula utilizada para explicar este proceso era
que el prior y cónsules “lo libren y determinen breve y sumariamente según
estilo de mercaderes, sin dar luengas ni dilaciones ni plazos de abogados” o
“simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii procedi mandamus”.
b) En el ámbito civil hubo algún modesto intento de simplificación (se
redujeron los escritos de alegaciones de seis a cuatro, dos por cada parte, y se
limitó el número de hojas de cada escrito), que en la práctica fracasó por la
resistencia de los juristas, y el fruto más destacado fue la regulación del juicio
verbal (1534) para los asuntos de ínfima cuantía.
61
Los juristas de los siglos XVI, XVII y XVIII creían que el proceso ordinario
era el juicio tipo por excelencia y sobre él centraron todo el estudio. El proceso
mercantil y el verbal no merecieron su atención porque eran algo extraño a la
“razón natural”, a lo que se entendía consustancial con la defensa de las
partes.
El proceso mercantil se codificó en el Código de Comercio de 1829 y en
la Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de Comercio de 1830,
pero, dada su supresión en el Decreto de Unificación de Fueros de 1868 y su
nula influencia en la codificación del proceso civil, no es preciso seguir
ocupándonos de él.
C) La codificación
En la primera mitad del siglo XIX se dictaron normas de gran importancia
para el proceso civil y en las mismas se apreciaron muy claramente dos
tendencias.
a) Una de esas tendencias era profundamente renovadora, pretendiendo
terminar con el viejo sistema procesal para sustituirlo por otro distinto. Los
renovadores dieron lugar, sobre todo, a la ley de 1838 reguladora del juicio de
menor cuantía y a la Instrucción del marqués de Gerona de 1853 que
modificaba el proceso ordinario.
El marqués de Gerona, ministro de Justicia durante unos pocos meses,
decía en la exposición de motivos de la Instrucción que “los litigios y
reclamaciones jurídicas son hoy el espanto y la ruina de muchas familias; son
un manantial perenne de escándalos, son la muerte de la justicia misma”. “El
verdadero cáncer de nuestras instituciones judiciarias son las deformaciones
ruinosas, el despilfarro y desbarajuste de la sustanciación, máquina de guerra
asestada contra la fortuna del infeliz litigante, o inmoral juego de suerte o azar,
donde frecuentemente triunfa de la razón la malicia, de la legalidad la astucia,
de la más sana intención el fraude y la codicia”.
62
b) La otra tendencia era conservadora de lo existente, manifestándose
convencida de que el sistema procesal era el mejor de los posibles, aunque
debían introducirse correcciones sólo contra las corruptelas de la práctica y
aumentar el número de órganos judiciales.
Esta segunda tendencia fue la sostenida por los colegios de abogados.
Frente a la Instrucción del marqués de Gerona el Colegio de Abogados de
Madrid publicó unas llamadas Observaciones en las que se lee: “Espíritus
superficiales, talentos tan limitados como audaces han declamado contra las
formas solemnes, lentas y complicadas de los juicios... en todos los pueblos
modernos y en todos los códigos de procedimiento (vemos) esa ritualidad
solemne de los juicios, esas dilaciones, que consideradas por algunos el
tormento de los litigantes, vienen a ser la principal garantía de la justicia... La
seguridad del juicio exige muchas solemnidades, y estas solemnidades, cuanto
más se multiplican, requieren más largas dilaciones; por el contrario, cuanto
más se apresura el juicio, cuanto más se limitan los plazos, reduciéndolos a los
que se reputan en hipótesis general, hipótesis muy falible, como estrictamente
necesarios para el ataque y para la defensa, más pierde el juicio en su
seguridad, más se merman sus garantías”.
1.º) La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855
La derrota de la Ley de 1838 y de la Instrucción de 1853 a manos de los
colegios de abogados llevó a la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1855, que redactaron los principales impulsadores de la segunda tendencia
y que perseguía “ordenar y compilar las leyes y reglas del enjuiciamiento civil”
con el fin de “restablecer en toda su pureza las reglas cardinales de los juicios
consignadas en nuestras antiguas leyes”. No se trataba de innovar, sino de
consolidar lo existente, y para ello se excluyó expresamente cualquier
influencia exterior, estándose únicamente a lo tradicional, a lo ya conocido por
el foro, de modo que la Ley se centró el viejo juicio ordinario que se conservó
como juicio de mayor cuantía.
63
La primera codificación procesal civil respondió, por un lado, a la
concepción política liberal (que no es mala inspiración para un proceso en el
que se debaten principalmente intereses económicos que son de la libre
disposición de los particulares), y, por otro, a las formalidades del proceso
común fundamentalmente escrito. Esta amalgama condujo a mantener el
modelo procesal del solemnis ordo iudiciarius, basado en la formalidad, la
lentitud, el elevado coste, y justificando todo ello con la vaga y general
referencia a la seguridad jurídica, a la defensa de los derechos.
2.º) La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881
La desaparición del proceso mercantil supuso la necesidad de hacer una
nueva ley procesal civil. No se trataba, tampoco ahora, de innovar, sino sólo de
introducir las reformas inevitables, por lo que la Ley de Enjuiciamiento Civil de
1881 fue sólo una reafirmación de viejos errores.
En palabras de Goldschmidt “el proceso español es un recipiente liberal
del siglo XIX, en el que se vaciado el vino antiguo del proceso común de los
siglos pasados” (Derecho procesal civil, Barcelona, 1936, p. X); de Prieto-
Castro “un apego absurdamente exagerado a la tradición, que en materia
procesal no es admisible como material exclusivo de trabajo, ha hecho que
nuestra L. e. c. sea una resurrección del Derecho común en el siglo XX”
(Derecho procesal civil, I, Zaragoza, 1946, p. 39); o de Guasp “lo que el
legislador de 1880 tomó del proceso común fue su técnica arcaica e
insuficiente lógicamente dada la discordantia temporis, y afianzó esta técnica,
con sus defectos fundamentales, en pensamientos políticos de innegable
significación liberal” (Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, I, Madrid
1943, p. 54).
Cuando en ocasiones anteriores hemos dicho que nuestro proceso civil
no es propio del siglo XIX y que la Ley de 1881 no lleva realmente en vigor más
de cien años, sino que tenemos un proceso del que deben buscarse sus
orígenes en el siglo XIII, no estabamos diciendo nada diferente de lo que otros
habían dicho antes. Tampoco hay exageración cuando se sostiene que la LEC
64
de 1881 supuso la traducción al castellano moderno de la mayor parte de
instituciones ya conocidas en Las Partidas y respecto de las que muy poco se
había alterado en los últimos siete siglos.
D) Los fenómenos de huida
Durante el siglo largo de vigencia de la LEC de 1881 se han producido
dos fenómenos muy significativos de huida que han puesto de manifiesto la
falta de adecuación a la realidad, primero, del juicio ordinario de mayor cuantía,
y, luego, de la propia Ley.
1.ª) Huida del juicio de mayor cuantía
Hemos asistido, en primer lugar, a una huida del juicio ordinario, que se
llamaba de mayor cuantía, de modo que el mismo al final había quedado
prácticamente excluido de la normal aplicación.
Los sucesivos legisladores parciales fueron conscientes de que el
proceso ordinario medieval, el que se asumió en la LEC de 1881 como juicio de
mayor cuantía, no podía seguir siendo aquél por el se tramitaban la mayor
parte de los asuntos, dada su extraordinaria complejidad, y poco a poco, por
medios de sucesivas elevaciones de las cuantía acabaron por convertirlo en un
“cementerio de elefantes” por el que se conocían muy escasos asuntos.
Debe, en este sentido, tenerse en cuenta que si en 1881 el tope mínimo
de la cuantía de un asunto que se tramitaba como juicio de mayor cuantía era
de 1.500 pesetas, en 1984 se elevó a 100 millones y en 1992 quedó en 160
millones de pesetas. Por este medio dicho juicio fue desapareciendo de la
realidad, pues son muy escasos los pleitos que superan esa cantidad. Acabó
así siendo el juicio normal el de menor cuantía, que si en el origen comprendía
los asuntos entre 250 y 1.500 pesetas, en 1992 pasaron a ser los de cuantía
entre 800.000 pesetas y 160 millones de pesetas. Además, a esa tramitación
se recondujeron los asuntos de cuantía indeterminada.
2.ª) Huida de la LEC
65
La huida más importante, con todo, fue la de propia LEC, lo que se hizo
a base de regular un número extraordinario de procesos especiales, que
supusieron una verdadera proliferación procedimental.
Este fenómeno de proliferación se ha considerado normalmente como
un defecto técnico procesal, centrándose su estudio en que el legislador, en
casi todas las leyes materiales, se ha sentido en la necesidad de irlas dotando
de un proceso específico, y ello hasta el extremo de que podían contarse por lo
menos cuarenta modos diferentes de tramitar los asuntos en primera instancia,
es decir, cuarenta procesos especiales.
El caso más claro de sinceridad legislativa fue el de la Exposición de
motivos de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, en la que se reguló un
proceso especial parta la impugnación de los acuerdos de la junta general. Se
decía allí que “si se quería evitar que la impugnación de los acuerdos de las
Juntas generales, como medio de garantizar los derechos de las minorías,
quedase reducida a una reforma platónica como necesariamente tenía que ser
subsistiendo la necesidad de acudir a un juicio declarativo de mayor cuantía
con sus instancias y un recurso de casación, para conseguir la anulación de los
acuerdos de la Junta. A tal fin se articula un procedimiento especial de
tramitación abreviada, que será aplicable mientras la reforma de nuestras leyes
de procedimiento no hagan innecesario el que ahora se instaura para estos
concretos fines”.
Pero la proliferación fue algo más que una cuestión de técnica procesal.
Supuso la configuración de tutelas judiciales privilegiadas frente a la tutela
judicial ordinaria que se prestaba por medio de los procesos de la LEC. En
efecto, la regulación de procesos especiales respondía, en la mayor parte de
los casos, a la existencia de fuerzas sociales capaces de lograr del legislador la
creación de tutelas propias frente a la tutela normal que se prestaba por los
procesos ordinarios. Determinados titulares de derechos (sobre todo del de
propiedad) y determinados grupos sociales (grandes acreedores), consiguieron
del legislador que sus asuntos no se sometieran a la tutela normal, y que se les
66
creara una tutela distinta, que por lo mismo sólo puede concebirse como
privilegiada.
E) Las reformas parciales
Junto a todo lo anterior deben tenerse en cuenta algunas de las
reformas importantes de la LEC de 1881. Su promulgación produjo una
importante reacción contraria doctrinal y práctica, que propuso su inmediata
reforma, pero el caso fue que la Ley se mantuvo alrededor de cincuenta años
sin que fuera objeto de modificaciones de importancia. En los años treinta del
siglo XX se produjo una segunda oleada de críticas que tampoco consiguió
frutos de interés.
Con la moda de los tiempos, y no faltando manifestaciones reformistas,
los años sesenta y setenta fueron de aspiración de dejar las cosas como
estaban, de no romper con el pasado, de mantener la tradición jurídica
española, de respeto a nuestro predecesores, y tanto fue así que en la
conmemoración del centenario de la LEC no faltó quien defendió su
mantenimiento con pequeñas reformas, imputando los males de la realidad, no
a la Ley, sino a algunos aplicadores de la misma.
La situación, con todo, se hizo insostenible en la realidad, sobre todo
como consecuencia del extraordinario aumento en el número de asuntos. La
LEC pudo hacer frente, mejor o peor, a una situación en la que la sociedad era
predominante rural y los conflictos eran los propios de la misma, pero se
manifestó profundamente inadecuada para solucionar los conflictos propios de
una sociedad urbana. Las nuevas necesidades exigían una nueva Ley, pero los
sucesivos legisladores prefirieron acudir a la técnica de las leyes de reforma
urgente y parcial de la LEC. Esa técnica se utilizó principalmente en las
siguientes leyes:
1.ª) La Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la LEC, que
en su Exposición de Motivos dijo responder “a las necesidades más
apremiantes” mientras se procedía, “con el cuidadoso tacto que requiere el
67
tratamiento de la ordenación del proceso”, al estudio del que “podría ser el
nuevo ordenamiento procesal”. En esta Ley el juicio de menor cuantía se
convirtió en el juicio tipo, desplazando al de mayor cuantía, aunque ello se hizo
a base de desnaturalizar a aquél que dejó de ser un plenario rápido.
2.ª) La Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma
procesal, en cuya Exposición de motivos volvió a decirse que la reforma del
ordenamiento procesal debía acometerse sin precipitaciones y ponderando
cuantos elementos confluyen en el proceso, pero volviendo a dejar para sine
die la verdadera reforma, contentándose con atender a aspectos de detalle y,
sobre todo, a procurar “quitar papel” de los tribunales.
Fracasadas las reformas parciales no quedaba ya más opción que
afrontar la redacción de una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto es lo que
se ha hecho en la VI legislatura en la que, por fin, se ha promulgado una nueva
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El nuevo modelo procesal civil
Una ley o, mejor, un código, con 827 artículos que pretende expresar y
materializar, con autenticidad, el profundo cambio de mentalidad que entraña el
compromiso por la efectividad de la tutela judicial civil, no puede quedar
resumida en unas pocas páginas, siendo necesario su estudio completo para
llegar a percatarse de lo que realmente significa. Ahora bien, como es
necesario, para no decepcionar al lector, hacer un esfuerzo de síntesis,
conviene empezar por decir que lo verdaderamente importante en la LEC no
son los aspectos de detalle, por mucho que vengan impuestos por los tiempos
que corren (como sería el que las actuaciones orales en vistas y
comparecencias se registren en soporte apto para la grabación y reproducción
del sonido y de la imagen), pues esos detalles no hacen a la esencia del
cambio de modelo procesal pretendido. Es la pretensión de introducir un nuevo
modelo de proceso civil lo que hace que estemos ante una LEC nueva y no,
simplemente, ante una reforma y actualización de la vieja.
68
A) El juicio ordinario como plenario rápido
Las leyes de enjuiciamiento civil de 1855 y de 1881 se limitaron a asumir
como juicio tipo el proceso ordinario del Derecho común y, en torno al mismo,
se redactaron completamente. En ellas los juicios plenarios rápidos se
consideraron meras excepciones, reservadas para pocos asuntos y éstos de
poca importancia cuantitativa. La nueva LEC supone, por fin, la ruptura con
aquel proceso ordinario y toda ella se centra en dos juicios plenarios rápidos.
Independientemente de las palabras se trata de los ahora llamados juicio
ordinario (Libro II, Título II) y juicio verbal (Libro II, Título III). Después de siete
siglos el modelo del proceso común ha sido abandonado.
La idea de que el proceso requiere “fórmulas lentas, graves, solemnes,
complicadas y rigurosas a que el orden judicial debe sujetarse en el ejercicio de
sus funciones y que son garantía de seguridad para los litigantes y prenda de
acierto en los fallos”, que fue la defendida por el Colegio de Abogados de
Madrid en sus Observaciones a la Instrucción del marqués de Gerona, podía
tener sentido en un contexto social de tipo rural en el que los pleitos tenían
como objeto la propiedad y, sobre todo, la de la tierra, para los que el tiempo no
era un elemento trascendente. Esa idea es la que está en base de las dos
leyes de enjuiciamiento civil del siglo XIX y es la que se ha abandonado en la
nueva LEC.
El problema fundamental del proceso civil en las últimas décadas ha sido
el del aumento de la litigiosidad, que suele presentarse como un mal cuando es
sólo un síntoma de profundas modificaciones sociales. En efecto:
1.º) Durante siglos el proceso civil fue el instrumento con el que los
poseedores solucionaban sus litigios, de modo que los no poseedores
quedaban excluidos del mismo. Sólo determinadas capas de la población
tenían acceso a este proceso, lo que suponía un número no excesivo de
procesos que podían ser solucionados por una organización judicial reducida y
con pocos medios personales y materiales.
69
2.º) En muy poco tiempo, prácticamente en los últimos cincuenta años,
han accedido a la justicia civil amplias capas de la población que antes estaban
excluidas de ella, en parte porque el número de propietarios ha aumentado,
pero también porque otros derechos han entrado en liza, como es el caso de la
responsabilidad extracontractual y, sobre todo, porque se ha convertido en
objeto principal de este proceso las reclamaciones de dinero basadas en el
crédito.
Hoy el proceso civil no es ya el medio para solucionar los conflictos
típicos de una sociedad rural, sino el instrumento con el que se tiene que hacer
frente a las conflictos propios de una sociedad urbana y así este proceso se ha
convertido en un fenómeno de masas, en el que el elemento fundamental del
mismo es su efectividad práctica. Si se lee el Preámbulo de la LEC se advertirá
que su idea base en la de la efectividad de la justicia civil.
La efectividad era algo ajeno al modelo proceso de la LEC de 1881 y hoy
tiene que ser el eje sobre el que gira el modelo procesal de la nueva LEC. Esa
finalidad es la que justifica que el modelo procesal sea el de los juicios
plenarios rápidos.
B) El papel del juez
El juez del proceso común y el juez de la concepción liberal propia del
siglo XIX era un juez neutral, en el sentido de que, aun pudiendo tener
facultades de dirección formal del procedimiento (por ejemplo, el impulso de
oficio), carecía de ellas respecto de la dirección material del proceso (por
ejemplo, no podía acordar medios de prueba de oficio). A lo largo del siglo XX
se ha asistido al enfrentamiento entre dos concepciones en torno al papel del
juez en el proceso civil, debate que nació sobre lo que puede denominarse
publicización del proceso.
El origen de este debate fue la Ordenanza Procesal Civil austríaca de
1895, que se ha presentado como el ejemplo a imitar en otros países. Por ese
camino siguió el Código Procesal Civil italiano de 1940, el Código Procesal Civil
70
Modelo para Iberoamérica y diversos códigos de menos influencia, pero en los
que se ha asumido una concepción política de la que no siempre se ha
explicado su base ideológica.
Las bases ideológicas del legislador austríaco de 1895, enraizadas en el
autoritarismo propio del Imperio austro-húngaro de la época y con extraños
injertos como el del socialismo jurídico de Menger, pueden resumirse en estos
dos postulados: 1) El proceso es un mal, dado que supone una pérdida de
tiempo y de dinero, aparte de llevar a las partes a enfrentamientos con
repercusiones en la sociedad, y 2) El proceso afecta a la economía nacional,
pues impide la rentabilidad de los bienes paralizados mientras se debate
judicialmente sobre su pertenencia. Estos postulados llevan a la necesidad de
resolver de modo rápido el conflicto entre las partes, y para ello el mejor
sistema es que el juez no se limite a juzgar sino que se convierta en verdadero
gestor del proceso, dotado de grandes poderes discrecionales, que han de
estar al servicio de garantizar, no sólo los derechos de las partes, sino
principalmente los valores e intereses de la sociedad.
Naturalmente que en el mejor desarrollo del proceso civil está interesado
el Estado es algo obvio, y lo es tanto que no ha sido negado por nadie, pero
desde esta obviedad no puede llegarse, en el razonamiento posterior, a la
conclusión de negar la plena aplicación del principio dispositivo, pues ello
implicaría negar la misma existencia de la naturaleza privada de los derechos
subjetivos materiales en juego, ni la plena aplicación del principio de aportación
de parte en lo que se refiere, por un lado, a la determinación del objeto del
proceso y, por otro, a la libertad de la parte en la determinación de cómo se
defiende mejor su derecho.
La publicización del proceso tuvo su origen en un momento y en un país
determinado y se plasmó en una Ordenanza Procesal Civil que, al menos, debe
calificarse de antiliberal y autoritaria, y opuesta a su alternativa que es la
concepción liberal y garantista del proceso civil. El Código italiano de 1940, por
mucho que se haya querido sostener lo contrario, fue un código típicamente
71
fascista, inmerso en esa concepción política. El conceder amplios poderes
discrecionales al juez sólo se explica si al mismo tiempo se priva de esos
poderes a las partes, poderes que en realidad se resuelven en garantías de las
mismas en el inicio y en el desarrollo del proceso civil. No se ha destacado lo
suficiente que los códigos en que se han concedido mayores facultades a los
jueces se han promulgado precisamente en países y momentos en que esos
jueces eran menos independientes, de lo que ha resultado que, a la postre, con
la concesión de esas facultades se estaba favoreciendo la injerencia del Poder
Ejecutivo en la efectividad de los derechos subjetivos de los ciudadanos.
En los últimos años estamos asistiendo, primero, al reconocimiento de
que el aumento de los poderes del juez es algo propio de una ideología que
propicia el aumento de los poderes del Estado en detrimento de la libertad del
ciudadano, y, después, a la difusión de la idea de que el proceso civil se
resuelve básicamente en un sistema de garantías de los derechos de los
ciudadanos, en el medio jurídico para que las partes debatan en condiciones de
plena contradicción e igualdad los conflictos que los separan. Y ello sin dejar de
asumir la realidad social de la proliferación de los procesos y de la búsqueda
de nuevas soluciones.
No puede dejar de llamarse la atención sobre la contradicción lógica que
supone reducir los poderes del juez penal, con alusión a la imparcialidad del
mismo, pero en la aplicación de un Derecho como el penal, en el que no
existen relaciones jurídicas materiales penales, y por otro aumentar los poderes
del juez civil precisamente en la aplicación del Derecho privado, en el que
predomina la autonomía de la voluntad y la libertad en la conformación de las
relaciones jurídicas materiales
La LEC parte de una concepción que puede calificarse claramente de
liberal y en la que el principio dispositivo es su elemento determinante. Son las
partes las que han de determinar el objeto del proceso y la clase de tutela y al
juez no le incumbe investigar y comprobar la veracidad de los hechos
alegados. Quien pide la tutela judicial tiene la carga de determinarla con
72
precisión y de alegar y probar los hechos. Y sin embargo no faltan en la ley
algunos atisbos de la llamada publicización que responden, generalmente, a
enmiendas admitidas en contra del sistema.
C) Confianza en la justicia de primera instancia
En el viejo modelo procesal civil se partía, casi inconscientemente, de
que el proceso constaba de una primera instancia y de un recurso de
apelación, siempre y en todo caso, de modo que la sentencia de primera
instancia era sólo un paso inicial carente de eficacia práctica. En todos los
asuntos la sentencia que podía tener efectividad en la realidad era la dictada en
el recurso de apelación, y ello siempre que contra la misma no procediera
recurso de casación, pues si cabía tenía esperarse a la terminación de éste
para que pudiera hablarse de efectividad del derecho reconocido. Las partes y
los abogados “sabían” que hasta después de la apelación no podía hablarse de
utilidad práctica del proceso.
Es cierto que la Ley 34/1984 había introducido una aparente posibilidad
de ejecutar provisionalmente las sentencias de primera instancia, pero esa
ejecución, al depender de la prestación de caución, no llegó a convertirse en
algo habitual. Sólo los que disponían de dinero líquido o de facilidad en el
crédito podían de hecho pedir esa ejecución. Resultaba así que la prevista
legalmente ejecución provisional aprovechaba precisamente a los menos
necesitados de ella, pero no podían utilizarla los que precisaban con urgencia
de la efectividad del derecho reconocido en la sentencia de primera instancia.
Se estaba, una vez más, ante la aparente paradoja de que sólo los que tienen
dinero pueden pedir dinero a crédito o, en otros términos, de que los que no
tienen dinero y necesitan de la ejecución provisional no pueden lograr la misma
precisamente porque no tienen dinero.
La LEC introduce en la ejecución provisional una de las innovaciones
más importantes, y lo hace con una única frase: “sin simultanea prestación de
caución”. Todas las sentencias de contenido económico se declaran
provisionalmente ejecutivas y esta ejecución puede despacharse y practicarse
73
sin que el ejecutante preste caución. El cambio es fundamental, pues supone
que la justicia de primera instancia adquiere efectividad, dejando de ser un
mero primer paso en el curso de un proceso que sólo tendrá consecuencias
prácticas como pronto después del recurso de apelación.
Estamos ante una opción política que puede renovar hábitos centenarios
de la justicia civil. Quien presente una demanda civil puede ya esperar que el
tiempo, el esfuerzo y el dinero empleado alcanzarán rentabilidad con la
sentencia de primera instancia; el que sea demandado debe empezar a tener
en cuenta que le resta sólo el tiempo que dure la primera instancia para tener
que cumplir con su obligación. La efectividad del derecho no queda ya diferida
a la terminación del recurso; éste ya no cumplirá la finalidad de demorar esa
efectividad.
No pueden desconocerse los riesgos que esta ejecución provisional
implican, pues la sentencia de primera instancia ejecutada provisionalmente
puede ser revocada. La opción política por la ejecución provisional tiene,
naturalmente, un precio que pagar, pero lo que debe preguntarse es si vale la
pena pagar ese precio, si la finalidad conseguida justifica el pago de ese precio,
y la respuesta no puede buscarse sólo en un caso en concreto sino atendiendo
al interés general.
D) El derecho a los recursos
La LEC pretende potenciar los grados o instancias procesales, la
primera y el recuso de apelación, y reducir el recurso de casación, que debe
dejar de ser el último paso habitual en la determinación del derecho en el caso
concreto. Por mucho que se haya sostenido en la doctrina y en la
jurisprudencia que el recurso de casación no es una tercera instancia, lo cierto
es que ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se interponen al año
aproximadamente cuatro mil de estos recursos, y que ello supone que el
abogado y la parte ven en el mismo la culminación normal del proceso
74
E) El proceso cautelar
Aunque en la LEC se elude la expresión “proceso cautelar” y se utiliza la
de “medidas cautelares”, se ha procedido, primero, a la admisión de este tipo
específico de tutela judicial, después se ha efectuado una relación de las
medidas cautelares posibles, en la que se incluyen medidas de aseguramiento
en sentido estricto, medidas de conservación y medidas de innovación, y, por
fin, se ha regulado un procedimiento único para la adopción de cualquiera de
esas medidas.
Se asume así de modo muy claro que la necesidad del proceso para que
al actor se le de la razón no puede convertirse en un daño para quien tiene
razón, dando carácter unitario y general a una clase de tutela judicial que se
considera una tercera subfunción de la jurisdicción. Estamos ante un verdadero
proceso cautelar, concebido como un tertius genus entre el proceso de
declaración y el proceso de ejecución, que es elemento determinante para que
la tutela judicial de los derechos sea realmente efectiva.
Buena parte del futuro de la justicia civil se encuentra en el desarrollo de
la tutela cautelar, en que los tribunales procedan a asumir esta tercera
subfunción, no como algo excepcional sino como algo normal. La LEC dota del
instrumento para eso sea posible.
* * * *
La promulgación de una Ley de Enjuiciamiento Civil es un
acontecimiento jurídico que tiene difícil parangón con la promulgación de otras
leyes o códigos. No cabe extrañarse, por tanto, que su solo anuncio produjera
gran repercusión en el mundo jurídico, pues nadie puede sentirse indiferente
ante ella, dados los grandes intereses de todo tipo en juego. Tampoco hay que
asombrarse de existan reacciones muy variadas, ni de que algunas de ellas
sea radicalmente contrarias e, incluso, entra dentro de lo que cabía esperar el
que algunas sean de descalificación total. Lo que hay que hacer es preguntarse
por la razón de ser de cada una de esas posiciones, de las favorables y de las
75
adversas, pues muchas veces unas y otras se explican desde los intereses
específicos de la persona o del grupo y no desde la fraseología que se emplea.
Es obvio que nadie va a decir claramente que es partidario o contrario a la Ley
porque la misma le beneficia o le perjudica en sus intereses, y mucho menos
va a decirlo si esos intereses son económicos. En estos casos siempre se
acude a disfrazar el interés particular con el manto del interés general, pero hay
que saber descubrir lo que se oculta bajo el disfraz.
Lo imprescindible es que cada uno sea capaz de formarse una opinión
propia, resultado de su propio criterio, y para ello lo primero que hay que hacer
es conocer la Ley. Al servicio de ese conocimiento está este libro. Para la mejor
aplicación posible de la Ley se ha escrito.
Valencia,